Cuando el pasado 21 de noviembre comenzó la huelga de la Atención Primaria, ninguno de los convocantes imaginó que iban a acabar encerrados en un despacho de una de las sedes de la Consejería de Sanidad, ni que iban a usar una carta manuscrita para expresar sus demandas y alimentos. La diplomacia ha fallado y desde el sindicato mayoritario de los médicos redoblan esfuerzos para forzar un acuerdo con la cartera que dirige Enrique Ruiz Escudero: pasar la noche en una sala de un edificio de la Comunidad de Madrid y en otros 10 centros de salud de toda la región para reclamar un encuentro con “un interlocutor válido” que pueda alcanzar un compromiso presupuestario.
La situación es desesperada para el colectivo, que exige sentarse con las personas indicadas para poder llegar a unos mínimos. Esas personas, aseguran fuentes cercanas, deberían estar autorizadas tanto por Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, como por Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía, Hacienda y Empleo. El encierro en la primera planta de la sede de Sanidad de la calle Sagasta, en pleno distrito de Chamberí, comenzó con un intento de desalojo por parte de dos agentes de la Policía Nacional. Según Angela Hernández, secretaria general de Amyts y presente en todo momento, los policías fueron amables en todo momento y supieron comprender la naturaleza de la situación. Sobre el motivo por el que finalmente no se produjo la salida de los huelguistas, entiende que la Consejería “no quiere una imagen de médicos detenidos”.
Los ánimos están caldeados ya que, además de la indiferencia del Gobierno regional, ha habido otro episodio que ha irritado a los 10 médicos que participan en el encierro. Según Hernández, por orden de la Dirección General de Recursos Humanos, una funcionaria les pidió que plasmaran por escrito las cosas que necesitaban. Una vez hecho, esa carta fue difundida entre diferentes periodistas, al punto de ser usada y criticada por parlamentarios populares como Pedro Muñoz Abrines. “Estoy francamente enfadada y decepcionada por la actitud de la directora general de Recursos Humanos, supuestamente es un puesto técnico y su comportamiento está dejando mucho que desear”, critica, a la vez que define esta acción como “muy sucia”, ya que el objetivo ha sido el de ridiculizar esta acción reivindicativa.
La Consejería es “un muro”
“Nos cuesta trasladar lo difícil que es tratar las cosas en la mesa sectorial, el muro al que nos enfrentamos”. Con esta frase define Hernández el talante de los interlocutores que ha tenido el comité de huelga hasta ahora. En este escenario, asegura esta líder sindical que han cifrado en 42 millones la cantidad mínima necesaria para continuar la negociación. En concreto, unos 30 para cumplir los incumplimientos de refuerzo de los médicos de familia y de pediatras; y otros 12 como complemento a repartir entre aquellos profesionales que cubran los turnos de tarde que “están vacíos”. La primera parte se corresponde con un acuerdo firmado e incumplido entre el Servicio Madrileño de Salud y el sindicato en septiembre de 2020; la segunda es una propuesta para paliar la escasez de médicos en una mayoría de centros de salud, principalmente en las jornadas vespertinas.
El objetivo principal de esta reivindicación presupuestaria es garantizar que las agendas médicas de 34 pacientes como máximo al día en Atención Primaria y unas 24 en Pediatría se cumplan. De hecho, este ha sido uno de los problemas fundamentales entre el Ejecutivo regional y los médicos, ya que en ningún momento se ha aportado ninguna garantía para que estas agendas se materialicen. “¿Qué pasa con el paciente 35, con el 36 o con el 37? ¿No les atendemos?”, ironiza Hernández, quien recuerda que la media en este servicio es de unos 55 pacientes al día, a los que de media se les dedica unos 4 minutos.
Desde la Consejería de Sanidad, la última oferta se produjo el pasado 30 de noviembre. Entonces, la propia Isabel Díaz Ayuso prometió la conversión de unos 2.000 profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud que tienen un contrato temporal o eventual en personal interino; avanzó su intención de hacer interinos a otros 22.390 trabajadores del Sermas durante los próximos dos años, con el objetivo de reducir al 14 por ciento los contratos temporales en este sector público; y anunció un nuevo plan de fidelización para los médicos residentes para que cuando acaben su formación MIR puedan acceder a contratos de entre dos y tres años. Las medidas no dejaron satisfecho al comité de huelga, ya que no aportaba ninguna solución a los problemas actuales, al no incentivar las jornadas voluntarias de las tardes ni comprometer partida económica alguna para reforzar las plantillas.
Relaciones rotas con el Colegio Oficial de Médicos
Rafael Ortega es vocal de Atención Primaria del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y es el encargado de tratar con el comité de huelga y con la Consejería de Sanidad. Explica a Madridiario que desde la institución están a favor de mejorar las condiciones de los médicos y del servicio en general. Sin embargo, y a pesar de que por estatuto y reglamento el ICOMEM debe mantener la imparcialidad en los conflictos laborales, el pasado lunes emitió un comunicado en el que se pedía la desconvocatoria de la huelga. "La huelga indefinida en atención primaria no es buena ni para los profesionales ni para los pacientes", figuraba en ese comunicado.
Para Ortega, el texto no es incompatible con la imparcialidad y lo justifica argumentando que las propuestas planteadas por la Consejería de Sanidad para resolver el conflicto constituyen un importante avance para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales y la calidad del servicio. Desde Amyts y desde el comité de huelga, las acciones tomadas y las declaraciones expresadas por la directiva del ICOMEM no son propias del órgano colegiado.
“Después de ese comunicado, absolutamente alineado con la Consejería y al modo de los peores tiempos los antiguos sindicatos verticales, extralimitándose en sus funciones, no me interesa nada lo que puedan decir o hacer”, sentencia Hernández, en absoluto reproche a la institución que representa a su profesión: “Las maniobras políticas que han hecho el Gobierno regional con el ICOMEM las tienen que explicar ellos”.
Solidaridad entre los profesionales
Decenas de médicos y ciudadanos acudían anoche a la Dirección General del Sermas, en la calle Sagasta, para trasladar el "apoyo explícito y visible" de los profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria y de Pediatría al comité de huelga que este jueves ha iniciado un encierro en estas instalaciones de la Consejería de Sanidad.
Alejandro Tejedor Varillas, médico de familia y director del centro de salud Las Ciudades de Getafe, explicaba que habían acudido a las puertas del edificio ubicado en el número 6 de la calle Sagasta para trasladar un apoyo "pacífico" a la decena de miembros del comité de huelga encerrados. La intención es ir turnándose "para mantener el apoyo explícito y visible a los compañeros", en las que ha recalcado que se trata de una "muestra de apoyo al comité de huelga" y a los compañeros en huelga desde el pasado 21 de noviembre.
"No podemos seguir así, hay que buscar una solución. Aquí tendría que haber personas después de tantos días y tantas semanas con capacidad de decisión. Esto no lo podemos aguantar ni los pacientes ni los profesionales, esto es perjudicial para todos", reclamaba.
En este sentido, este médico reclama que se "escuche" a los profesionales, que quieren "trabajar y hacerlo en buenas condiciones", interpelando directamente a Enrique Ruiz Escudero, Javier Fernández-Lasquetty y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. "Lo que pedimos es tener más compañeros médicos trabajando. No queremos tener más dinero, queremos tener más opciones para que los pacientes puedan ser atendidos", insiste.
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