Pacma va más allá que Garzón y denuncia "atentado contra el medio ambiente y maltrato animal en las macrogranjas"

Según revela Pacma, Castilla y León es la tercera comunidad autónoma de España a la cabeza de macrogranjas, con más de 631 explotaciones porcinas y avícolas, y con 81 más en trámite.

Contesta así entre otros al presidente de esa región, Alfonso Fernández Mañueco, quien recientemente arremetió contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por mencionar la mala calidad exportada procedente de este tipo de explotaciones ganaderas.

Según los datos facilitados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Segovia es la provincia más afectada, con casi 1,2 millones de cerdos para 150.000 habitantes, que no corresponde en absoluto con el consumo de carne de sus habitantes.

Esta actividad supone una vida de encierro y explotación extrema para los millones de animales que pasan por estas instalaciones, así como un foco de contaminación del agua y aire altamente nocivo y perjudicial para la salud de las personas.

En ese último año, se sacrificaron en España más de 910 millones de animales para consumo humano, lo que supone 1.700 animales cada minuto y más que toda la población de la Unión Europea.

La producción total de carne aumentó un 16,2% entre 2016 y 2020 en nuestro país. Paralelamente, la Comisión Europea ha señalado a la ganadería como la principal responsable de la contaminación del agua ya que "es responsable del 81% de la aportación del nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos".

El Ministerio para la Transición Ecológica ha detectado en Castilla y León 110 acuíferos afectados o en riesgo de estarlo por nitratos cuyo origen es la explotación económica de la cría de animales y de los campos. La mayoría de estas aguas subterráneas afectadas se encuentran en Burgos (33), Segovia (18), Valladolid (13) y Palencia (12). También existen 9 estaciones subterráneas afectadas por contaminación en Soria, 8 en Salamanca, 6 en Ávila, 5 en Zamora y una en León. Los nitratos derivados del uso masivo de fertilizantes sintéticos y de la ingente cantidad de excrementos generados por la ganadería industrial se filtran en el terreno envenenando la tierra y sus acuíferos.

El Gobierno recibió una carta de emplazamiento en noviembre de 2018 y un dictamen motivado en junio de 2020 en los que señalaba el incumplimiento por parte de España de las disposiciones de la Directiva sobre nitratos. Además, debería revisar y seguir designando zonas vulnerables a los nitratos en 7 regiones, entre ellas Castilla y León.

La Comisión Europea considera que, hasta la fecha, los esfuerzos que han realizado las autoridades españolas han sido insatisfactorios e insuficientes. Desde Pacma se califican las respuestas de los principales grupos políticos de una "tremenda irresponsabilidad hacia la ciudadanía", en especial hacia los habitantes de las zonas rurales.

El informe de la Comisión europea también señala que la ganadería fue responsable de la emisión de 69,4 millones de toneladas de CO2 en España en 2019, con el sector porcino aglutinando el 50% de esas mismas.

Greenpeace ya alertaba en 2019 sobre la acción de un sector ganadero también responsable de parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El 14,5% proceden de la ganadería y del transporte mundial. Otro dato alarmante es que el 80% de la deforestación mundial es resultado de la expansión agrícola cuyo destino es la alimentación de animales para el consumo humano.