La depresión es uno de los problemas de salud mental más extendidos y en muchos casos es totalmente incapacitante. Pero para la Justicia madrileña esta patología no es motivo suficiente para conceder la incapacidad a una trabajadora de la ONCE. De hecho, la sala ha considerado que trabajar puede serle de ayuda.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado conceder la incapacidad permanente a una vendedora de cupones de la ONCE que le fue anteriormente denegada por el INSS primero y por el juzgado después, porque sus lesiones no disminuyen su capacidad laboral además de no hallarse en alta o situación similar en la Seguridad Social en esa fecha.
Evidente deterioro funcional
La vendedora está en situación de dependencia de grado III y fue diagnosticada de un trastorno depresivo persistente. Según el Equipo de Valoración de Incapacidades que la evaluó, presentaba limitaciones orgánicas y funcionales con "posibilidades terapéuticas a valorar según evolucione",
La trabajadora ha estado de baja en varias ocasiones por "trastornos persistentes del estado de ánimo" y alegó en su recurso que no podía llevar a cabo su trabajo por el "deterioro funcional" que sufre debido a una "alteración cognitiva, en la sintomatología depresiva y en la polifarmacia que debe ingerir".
La depresión no es incompatible con el trabajo
La Sala de lo Social ha sentenciado que aunque su situación "no es saludable", sí puede trabajar. Los magistrados han considerado que "un sentimiento generalizado de tristeza, apatía y falta de interés no es incompatible con un trabajo por cuenta ajena con el necesario rendimiento y eficacia exigibles".
De hecho, no ven contraindicado llevar a cabo la actividad laboral en su estado e incluso creen que "podría ser beneficioso a nivel mental".
“En ese mismo orden de cosas, del contexto general de la resolución de instancia, especialmente del informe antes relacionado y del ordinal décimo, deducimos que se había incorporado a su actividad habitual. Con todo, tampoco apreciamos un problema neurológico de base, o de existir no parece decisivo al momento actual”, ha concluido el tribunal.
Según puntualiza 'El Español' citando los documentos del caso, la trabajadora lleva de baja desde mayo de 2023 por depresión y su situación dependencia está reconocida desde 2018.
Pero tanto la Seguridad Social como la Justicia han rechazado que le corresponda ningún grado de incapacidad laboral, que implicaría recibir una prestación.
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