El Gobierno de coalición del PSOE y Sumar y sus socios de investidura han conseguido sacar adelante en el Congreso este jueves la ley reforma de la ley que regula el derecho de asociación que impulsó el PSOE para lograr disolver a las entidades que hagan apología del franquismo, y esta ha quedado aprobada de forma definitiva.
La iniciativa del PSOE ha tenido el respaldo de la mayoría de la investidura, que ha tumbado las modificaciones que metió el PP en el Senado; que solo han tenido el respaldo del PP, Vox y UPN; para recuperar el texto que salió del Congreso que va a ser el que al final se mande al Boletín Oficial del Estado.
En concreto, el Senado había quitado el apartado uno de la norma, en el que se discute la posibilidad de disolver asociaciones franquistas, y había introducido enmiendas para conseguir la extinción de las que enaltezcan el terrorismo o las que provoquen "humillación" a las víctimas.
Los letrados del Senado advirtieron en un informe de que esta reforma podía ser inconstitucional, aunque la Mesa de la Cámara Alta decidió pasarla a trámite para no correr el riesgo de prevaricación.
El texto que partió del Congreso dice que esta proposición de ley busca cumplir con la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que tiene fecha de octubre de 2022, y que ya anticipaba la modificación de la ley de asociaciones en este sentido para meter como causa de disolución la apología del franquismo, adaptando de esta manera esta normativa a la ley de memoria democrática.
La norma afecta solo a asociaciones
La norma afecta sólo a asociaciones, ya que en el caso de las fundaciones como la Fundación Franco, los intentos de disolución continúan por otro camino, ya que dependen del Ministerio de Cultura que lidera Ernest Urtasun, de Sumar, que comenzó con los trámites previos hace justo un año.
Aun así, ante la posibilidad de que la fundación trate de transformarse en asociación para esquivar su extinción, el PSOE decidió impulsar en paralelo la reforma de la Ley de Asociación, según comentaron fuentes parlamentarias.
Lo que hace la reforma es meter en la Ley de asociaciones una disposición adicional que admite como causa de disolución "la realización de actividades que constituyan apología del franquismo", ya sea "ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior", "enalteciendo" a sus dirigentes, o que "concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas" del golpe, la guerra o la dictadura o con "incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".
El motivo de disolución se va a aplicar con independencia de los fines teóricos y actividades que salen en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no con el deber de inscripción registral, una vez que éste se prevé únicamente a efectos de publicidad.
La disolución va a realizarse mediante resolución judicial y va a poder ser instada bien por el Ministerio Fiscal o por las entidades y asociaciones memorialistas, que van a poder utilizar la vía penal. "El Ministerio Fiscal valorará el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos relativos a derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al delito de asociación ilícita, cuando concurran supuestos de incitación al odio o a la violencia", pone la norma.