El Gobierno ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley catalana de vivienda, una normativa que permite poner límite a los precios del alquiler en Cataluña, por "vulnerar las competencias estatales en esta materia".
Así lo explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. La ministra subrayó que el Gobierno "entiende" que la norma catalana vulnera las competencias del Estado en ese asunto, pero que han decidido no pedir la suspensión cautelar de la ley catalana como un "gesto" hacia ellos.
Los socios de investidura de Sánchez critican el recurso y piden al Gobierno que rectifique
Más País, la CUP, Compromís y Bildu han afeado al Ejecutivo el recurso de inconstitucionalidad presentado a la ley catalana de vivienda y no solo han pedido al presidente que rectifique, sino que extienda dicha medida al conjunto del país.
La CUP y Más País han sido de los más críticos con el Gobierno por este asunto. Íñigo Errejón le ha advertido a Sánchez que los progresistas están "decepcionados" con su gestión mientras que la CUP ha calificado la no regulación de los precios del alquiler como "violencia inmobiliaria".
ERC, otra de las formaciones que apoyó a Sánchez, aunque rechaza la acción del Gobierno, se ha mostrado más 'contenida' y ha preferido destacar el "gesto" del Ejecutivo de no pedir la suspensión cautelar de la norma. Una postura que la CUP critica que lo vendan como una victoria política y que desde Junts la catalogan como conformarse con "las migajas".
Montero subraya que la ley estatal estará lista antes de verano
Ha defendido la ley de vivienda en la que están trabajando los socios del Gobierno (PSOE junto con Unidas Podemos) incorporará, una vez aprobada, varios elementos que lleva ahora la norma catalana pero que "por competencia" los han recurrido ahora al Constitucional.
La normativa estatal que defiende Montero lleva varios meses de retraso, pues al inicio indicaron que se aprobaría antes de finalizar enero de 2021. Pero según la portavoz, el nuevo plazo fijado es aprobarla antes del fin del verano, es decir, antes del parón político de agosto.
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