El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha vuelto a señalar que España sigue sin cumplir, total o parcialmente, las 19 recomendaciones emitidas desde 2019 para combatir la corrupción.
En un informe publicado este viernes, que actualiza la evaluación realizada en 2023, se destaca que 3 de esas recomendaciones permanecen totalmente incumplidas, frente a las 6 registradas anteriormente.
Las 16 restantes muestran avances, aunque siguen siendo insuficientes para cumplir plenamente con los estándares exigidos.
Falta de regulación sobre asesores del Gobierno
Aunque reconoce algunos progresos, como la aprobación del Plan de Acción para la Democracia y el anuncio de la Ley de Administración Abierta -que aún no ha sido adoptada oficialmente-, GRECO lamenta que estos esfuerzos no se hayan materializado completamente. Además, el organismo ha solicitado a España que presente un informe antes del 30 de junio de 2026 detallando los avances logrados. En paralelo, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, envió una carta al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, instándole a "tomar acciones determinadas para alcanzar progresos tangibles cuanto antes".
Una de las 3 recomendaciones totalmente incumplidas concierne al marco regulatorio que debería aplicarse a los asesores del Gobierno. El informe no menciona casos específicos, como el 'caso Koldo', relacionado con las supuestas comisiones ilegales cobradas por Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos ni la imputación del exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.
GRECO subraya la necesidad de regular con mayor rigor el trabajo de los asesores del Ejecutivo, especialmente en lo relativo a su nombramiento político y sus funciones. Estas personas deben cumplir con exigencias de transparencia e integridad equivalentes a las de los cargos con responsabilidades directas en el Gobierno. Según anunció el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, a finales de 2024, algunas de estas cuestiones estaban contempladas en la nueva ley de Administración Abierta, pero esta aún no ha sido aprobada en el Consejo de Ministros.
Falta de transparencia
Otro punto destacado por GRECO es la necesidad de mejorar la transparencia en los contactos entre grupos de interés y las autoridades gubernamentales y parlamentarias. De esta forma, se garantizaría acceso a información sobre los objetivos de dichas interacciones, así como sobre las personas involucradas y los temas tratados.
En este sentido, el organismo valora positivamente el proyecto de ley aprobado en enero en el Consejo de Ministros sobre la transparencia y la integridad de las actividades de los grupos de interés. Este texto prevé la creación de un registro junto con obligaciones claras y sanciones para quienes no cumplan. Sin embargo, GRECO critica que no se haya incluido su sugerencia sobre la transparencia de las "agendas" de los responsables públicos. Además, lamenta que la Oficina de Conflictos de Intereses siga careciendo de independencia real y de un presupuesto propio.
Aforamiento y 'puertas giratorias'
Respecto al aforamiento de los miembros del Gobierno, GRECO señala que no se han registrado avances significativos. Las autoridades españolas argumentan que el aforamiento no obstaculiza la acción judicial, sino que simplemente establece que el Tribunal Supremo es la instancia competente. También mencionan un proyecto de reforma pendiente desde 2019 para limitar su alcance, pero esta justificación no ha convencido al Consejo de Europa.
Por otro lado, el organismo internacional pide reforzar las restricciones relacionadas con las llamadas 'puertas giratorias'. Este término hace referencia al paso de responsables políticos a posiciones empresariales tras finalizar sus funciones, lo que podría generar conflictos de intereses. GRECO aboga por supervisar estas situaciones mediante un órgano independiente que garantice el cumplimiento de las normas éticas y evite abusos.
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