El texto legislativo, que fue defendido por la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Beatriz Elorriaga, define las funciones, derechos y deberes de la figura del mediador familiar, que ayudará a facilitar el diálogo entre los miembros de una unidad familiar que soliciten este servicio de manera voluntaria y de mutuo acuerdo.
Entre los conflictos legales que plantea resolver esta ley sin la necesidad de acudir a los tribunales se encuentran el reparto de herencias, los procesos de separación, divorcio o nulidad, u otros derivados del acogimiento, la adopción de menores o los conflictos intergeneracionales, en especial entre padres y adolescentes.
Elorriaga aseguró que con esta iniciativa el Gobierno "responde a la necesidad, demandada por la sociedad, de poner en marcha una norma que asiente las bases del proceso de las mediación familiar, por ser éste un sistema muy positivo de resolución de conflictos y, sobre todo, de prevención de la violencia".
Mediación gratuita
Tanto la diputada socialista Inés Alberdi como la de IU Reyes Montiel criticaron al Gobierno regional por no garantizar el carácter gratuito de la mediación y se lamentaron de que se haya aprobado un texto legislativo que calificaron, respectivamente, de "papel mojado" y "birria".
Alberdi, que defendió una treintena de enmiendas al texto del Ejecutivo autonómico, opinó que el texto debería "dejar claro que la mediación tiene un carácter extrajudicial" y "descartar la mediación en cualquier supuesto en el que se produzca violencia". Montiel, que también defendió esta idea, demandó que la Administración regional "tenga un papel evaluador en la acreditación de los profesionales".
Por su parte, la diputada del PP Concepción Lostau explicó que la mediación ya se viene realizando en dos centros de la Comunidad de Madrid que cuentan con una inversión de 1,2 millones de euros y añadió que la normativa autonómica tiene "un carácter generalista" para "adaptarla a la ley estatal".
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