Fragmentar el poder

La Constitución española adopta como modelo de organización territorial el autonómico, operando una drástica descentralización política que objetivamente y por contenidos convierte al Estado en un conjunto federalizado, aunque no se trate propiamente de un modelo federal. Pero los avatares políticos y la cláusula de escape del artículo 150.2 del texto constitucional han permitido rebasar con creces el marco que estimábamos los constituyentes que estabilizaría la división del poder político entre el Estado central y las comunidades autónomas. Esto fue así durante algunos años, pocos, porque el Tribunal Constitucional se encargó enseguida de emprender  una huída hacia adelante en la interpretación de algunas normas armonizadoras, como la LOAPA que, por querer recoger velas demasiado deprisa vio anulados 14 de sus artículos, reorientando las transferencias a las comunidades autónomas de modo adecuado. Hasta 1992, cuando por un nuevo acuerdo entre el gobierno socialista y el partido popular liderado entonces por José María Aznar, se poner en marcha un proceso de reformas estatutarias que permitirían la transferencia de numerosas competencias hasta entonces desarrolladas por el Estado central.

    Hasta este punto puede hablarse de normalidad, aunque no quedaron bien explícitas las facultades armonizadoras y unificadoras de lo que ha llegado a ser una selva inextricable de normativas autonómicas. Para más confusión, las competencias transferidas en materia de funcionarios públicos comenzaron a crear diferencias de tratamiento entre los mismos, crearon fronteras insalvables para su movilidad interterritorial y generaron movimientos de profesionales que se concentraban en aquellas comunidades que mejor retribuían sus servicios. Ha sido un movimiento paulatino, pero se destacó con fuerza cuando hace ya una década, para compensar el apoyo que brindaban al primer gobierno de Aznar los nacionalistas, se fragmentó la  policía de carreteras que, aunque sujeta en todo caso a una normativa general que hay que suponer que se cumple, introdujo en la vida diaria de quienes circulan por las vías de todo el Estado un elemento de incertidumbre sobre la real aplicación de la ley y la resolución de recursos en vía administrativa, aparte de acentuar las diferencias retribución con otras áreas del Estado al integrarlas en las policías autonómicas que han desembocado en los conflictos que se han hecho patentes la última semana con las manifestaciones de policías y guardias civiles. O, como ocurrió con las transferencias de sanidad que, pese a desempeñarlas personal con habilitación nacional, han dado lugar a enormes diferencias retributivas y de equipamiento; o también en Educación.

    Aún posteriormente la aprobación de algunos Estatutos autonómicos permitieron que se parcelaran los ríos, dejando al Estado central unas muy difusas competencias que si bien le reservan la normativa básica, la elaboración, aprobación, seguimiento y revisión de los Planes Hidrológicos y aprobación y ejecución de obras hidráulicas que sean de interés general del Estado, serán elementos de confrontación en el futuro.

Ahora es la Investigación, que se transferirá al Gobierno Vasco, con carácter de competencia exclusiva, lo que no solo contradice el tenor litereral del artículo 149.1.15ª de la C.E., sino que  parece un total despropósito cuando es una cuestión en la que la tendencia universal es la coordinación y la unión de esfuerzos.

    Esta tendencia a fragmentar y repartir competencias y funciones del Estado no tendría mayor importancia en etapas de normalidad política y económica, pero puede resultar nefasta en tiempos de crisis, como ocurre actualmente. Es cierto que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha aprestado con oportunidad medidas para neutralizar los efectos de la debacle financiera y poner algún tímido remedio a la ya inminente recesión. Pero si en el plano supranacional se tiene asegurada la coordinación de la Unión Europea y de los países más importantes del planeta, en el plano interior  va a resultar mucho más complicado armonizar las distintas medidas que las Comunidades Autónomas están poniendo en práctica para socorrer la situación en sus territorios. Quizá, como ocurre siempre que vienen mal dadas, se acepte una intervención del Estado si es para recibir recursos, pero habrá que ver los resultados bien dispares. Y habrá que conceder que el poder del Estado no se puede fragmentar a golpe de acuerdos puntuales y situaciones coyunturales.