INUNDACIONES

Cuando una comunidad, cansada de la indiferencia de los funcionarios, decide llevar su reclamo a las calles, nunca falta la amenaza del empresario “afectado”. “Nos han ocasionado un grave perjuicio económico... hemos cumplido con todos los requerimientos ambientales, pero cuando llueve hay escorrentías y los residuos llegan las riberas del río Pacora... eso no es culpa nuestra”, comentó con indignación el representante de la empresa Gethsa –autorizada para extraer arena en San Martín de Pacora– mientras amenazaba con demandas penales.

¿Será que la lluvia no fue un factor analizado en el estudio de impacto ambiental? ¿Acaso no sabían que al eliminar la capa vegetal para la extracción de la arena, la escorrentía en tiempos de lluvia sería inevitable? Los señores de Gethsa deberían leer la resolución que les aprobó el estudio de impacto ambiental, pues allí se detallan las medidas de mitigación que, de haberse ejecutado con rigor, hubieran impedido tanto daño.

Es decir, que los demandados por la comunidad deberían ser la empresa y los funcionarios que no fiscalizan. Que quede claro: la comunidad lleva meses advirtiendo a cuanto funcionario hay –desde la esfera local hasta la nacional– de lo que estaba sucediendo, pero solo el cierre de la calle hizo salir de su letargo al viceministro de Comercio, Manuel José Paredes que, con cara de asombro, decidió magnánimamente darle la razón a la comunidad y detener los trabajos de la empresa... hasta nueva orden.

Y sobre las descomunales inundaciones ocurridas en Juan Díaz hay que citar una interesante coincidencia: lo sucedido se produce unos días después de la eliminación de una gran cantidad de manglar para dar paso al desarrollo inmobiliario Santa María Golf Club. ¿Pura coincidencia temporal o lógica consecuencia?