La relación entre Bolivia y EE.UU. alcanzó hoy otro momento crítico con la decisión del presidente Evo Morales de suspender las operaciones en su país de la agencia antidrogas DEA, acusada de conspirar con los opositores que, a juicio del mandatario, intentaron dar un golpe a su Gobierno en septiembre.
Morales dijo que a partir de hoy el Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) deja de operar de "manera indefinida", tras enumerar varios hechos que probarían su relación con la oposición y que desataron protestas contra el gobernante en septiembre pasado.
Subrayó que los agentes de la DEA realizaron "espionaje político, financiando grupos delincuenciales para que atenten contra la vida de las autoridades, por no decir (del) presidente".
Las denuncias fueron hechas por el Gobernante en un acto realizado en un cuartel de la región central cocalera del Chapare, fortín sindical de Morales, y donde hoy se presentó el resultado de la erradicación de cultivos ilegales de coca y decomiso de droga.
Según Morales, la DEA también financió en varias regiones a radicales que ocuparon aeropuertos para impedir el aterrizaje de aviones que le transportaran a él y a otras autoridades.
Asimismo, agregó que el organismo estadounidense instaló "casas de seguridad" para espiar y señaló que una de sus naves hizo viajes por zonas opositores sin dar informes de los mismos.
Hace unos días el mismo Morales anticipó que era posible expulsar a la DEA por una cuestión de "dignidad", si bien la determinación asumida hoy, que según remarcó era una decisión "personal", establece una suspensión indefinida y no una expulsión.
La embajada estadounidense en La Paz aún no se ha pronunciado sobre la nueva situación de la DEA, aunque el pasado miércoles el encargado de Negocios, Kris Urs, visitó al vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, para rechazar las denuncias que anticipó Morales.
Urs está a cargo de la embajada norteamericana desde que el 11 de septiembre pasado Morales declaró persona "non grata" y expulsó al embajador Philip Goldberg, lo que provocó al día siguiente que Washington hiciera lo propio con el embajador boliviano Gustavo Guzmán.
El deterioro de las relaciones bilaterales ha repercutido también en los negocios, ya que el presidente George W. Bush determinó el inicio de un proceso para suspender a Bolivia de los beneficios de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA), con el argumento de que no coopera en la lucha contra las drogas.
El Gobierno de La Paz ha insistido a Washington en que revise su posición por el riesgo de una crisis laboral en las factorías que exportan a ese mercado, si bien también ha firmado un acuerdo con Venezuela para que aumente sus importaciones de la producción local.
Desde septiembre pasado la DEA no tenía operaciones en la zona del Chapare, donde los campesinos además expulsaron a la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) de EE.UU. acusándola, igualmente, de financiar a los opositores.
El mandatario boliviano subrayó también que está dispuesto "a mejorar las relaciones con todo el mundo, incluido el nuevo Gobierno de los Estados Unidos", país que el próximo martes celebrará elecciones presidenciales.
"Ojalá en Estados Unidos con el nuevo Gobierno haya cambio y estamos dispuestos a entablar el diálogo y mejorar nuestras relaciones", sostuvo Morales.
Sobre el futuro de los programas antidroga, el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, sostuvo que se ha propuesto oficialmente a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) coordinar regionalmente la lucha contra el narcotráfico.
Pero además, de forma paralela, el Gobierno de Morales quiere "nacionalizar" las actividades contra las mafias con un incremento de los fondos estatales para estos programas.
El jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, coronel René Sanabria, presentó hoy como resultados exitosos el decomiso de 25 toneladas de cocaína y 1.132 toneladas de marihuana en el mes de octubre, cifras que suponen récords históricos, señaló.
Además, el Gobierno destacó también como un éxito las 5.000 hectáreas de coca ilegales destruidas hasta hoy y que son la meta anual exigida por la Ley Antidroga para combatir al narcotráfico.
La medida adoptada por Morales es similar a la realizada por su homólogo venezolano, Hugo Chávez, en agosto de 2005, cuando ordenó a las instancias antinarcóticos de su país poner fin al trabajo conjunto con la DEA, tras acusarla de convertirse en otro "cartel" de actividades ilegales y de efectuar espionaje político.
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