Afinsa hacía actividad financiera, según el juez

El Gobierno central defendía que al tratarse de una compraventa de sellos su supervisión correspondía a la Dirección General de Consumo de la Comunidad. Con este fallo judicial, el juez da la razón al Gobierno regional al concluir que "la actividad en masa realizada por Afinsa debe calificarse a efectos civiles como "financiera y ejercida en el ámbito de la actividad crediticia". La sentencia no es susceptible de recurso alguno. 

Excluye así que la dedicación de Afinsa fuera la actividad propia del mercado de valores, esgrimiendo que "las promesas" de pago emitidas por Afinsa "no salieron del ámbito contractual que las generaron". Añade que la empresa no tenía que estar regulada por una disposición adicional de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Al ratificar la posición del Gobierno regional, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, aplaudió el fallo y recalcó que "la responsabilidad patrimonial será achacable al Estado". Por ello, exigió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que impulse "los instrumentos precisos para ponerse en contacto con los afectados" a fin de ofrecerles una solución.

En rueda de prensa, Beteta denunció que el Estado pretende eludir responsabilidades pasando el control de entidades de este tipo a las comunidades autónomas. Se refirió al actual proyecto de Ley que se tramita en el Congreso de los Diputados por el que las empresas que conceden créditos o son intermediarias financieras pasarían también a estar controladas por las autoridades de Consumo.

"El Gobierno debe de retirar este proyecto, puesto que el análisis de estas entidades corresponde al Banco de España y al Ministerio de Hacienda", aseveró el consejero, quien acusó al Ejecutivo central de "jugar" con los ahorros de los madrileños y de "colocarles en una situación de indefensión".

Captaciones de ahorro
En la resolución, el magistrado se pronuncia sobre una demanda formulada por Afinsa en junio de 2006 relativa a los cauces del incidente concursal contra la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), entre otros organismos.

En la demanda, Afinsa solicitaba que se declarase que las actividades llevadas a cabo son "de naturaleza civil o mercantil y no financiera", así como que los negocios jurídicos realizados se ajustaron a la legalidad vigente.

Los demandados alegaron que Afinsa, desde 1980 hasta 2006, vino realizando "captaciones de ahorro de cientos de miles de inversores mediante aportaciones únicas periódicas" y que "ésta remuneraba con un porcentaje prefijado en concepto de retribución a cambio de la entrega temporal de tales cantidades de dinero". "La real voluntad contractual de Afinsa, descartada la intermediación, era la retribución del dinero adquirido y recibido con un porcentaje fijado contractualmente de antemano", sostenían.

La supuesta estafa de Afinsa y de Fórum Filatélico se detectó en 2003 a raíz de una inspección de la Agencia Tributaria. El caso se pasó a la Fiscalía Anticorrupción, que presentó finalmente la querella en la Audiencia Nacional. Entonces, el ex secretario de Estado de Comunicación Fernando Moraleda manifestó que el control de Afinsa y Fórum Filatélico correspondía al Gobierno regional. Ahora, el juez de lo Mercantil contradice la afirmación de Moraleda y determina que la responsabilidad patrimonial correspondería al Ejecutivo central, siendo el Ministerio de Hacienda y el Banco de España los órganos competentes que deberían haber controlado la actividad financiera de Afinsa.