Desafíos en la Educación pública: Los niños y jóvenes siguen pateando piedras…

Los resultados de la PSU este año muestran que los establecimientos municipales y particulares subvencionados continúan con pésimos indicadores; los alumnos de recintos municipales obtienen un promedio 457 puntos en las pruebas de Matemática y Lenguaje y los de colegios particulares subvencionados 489 puntos. En el otro sector, los de colegios privados-pagados obtienen 607 puntos promedio en ambas pruebas. Lo anterior evidencia que el grito de protesta y las demandas de los estudiantes en los últimos tres o cuatro años, lejos de expresar sólo rebeldía juvenil, era y es una madura expresión que rechaza la tremenda desigualdad, segmentación y segregación que el actual sistema educacional fomenta en Chile, con claras consecuencias para las nuevas generaciones cuyo futuro depende del lugar en que nacieron y no de sus capacidades y esfuerzo.
 
¿Qué está pasando? Definitivamente vivimos una crisis de la educación pública, muchas veces no reconocida o bien relativizada. Los datos son lapidarios, nuestro sistema educativo,  aún con reformas curriculares, extensión de la jornada, incremento de salarios docentes, sistemas de evaluación de desempeño y los numerosos programas de apoyo en recursos educativos y de mejoramiento escolar, no está otorgando educación de calidad  para el total de estudiantes que se preparan en nuestras aulas.

Las estigmatizaciones que sufren a diario los jóvenes de sectores populares (delincuencia, drogadicción, apatía, etc.), son parte de un modelo que no permite la movilidad social, condenando a miles de jóvenes a seguir siendo sólo piezas de un aparato productivo que genera riquezas para unos pocos. Por su parte, las familias de esos jóvenes se endeudarán para intentar entregarles algún certificado extendido por alguna institución de educación superior cuestionada por su mala gestión y/o magros resultados académicos. Tendremos jóvenes mal preparados, sin inserción laboral, sin posibilidad de participación, mal remunerados y mal preparados. 

La legítima, enorme y patriótica movilización de los estudiantes secundarios no ha bastado para que la sociedad y el Estado de Chile asuman de una vez por todas las transformaciones necesarias. A pesar del impulso legislativo por avanzar en una mayor fiscalización, la LGE no refuerza las herramientas y capacidades del Mineduc, externaliza esos controles. Incluso la Ministra de Educación ha reconocido que la LGE tiene falencias y ha destacado entre ellas la ausencia en esa ley, concebida como un marco general, de una nueva y repontenciadora mirada de la educación pública. Es decir, aún no asegura constitucionalmente que las generaciones de niños y jóvenes chilenos, no importando su condición socioeconómica, accedan a una educación de calidad. Ese derecho debía ser garantizado por el Estado, abandonando el actual rol subsidiario, para transformarse en garante.

Es la hora de terminar con la administración municipal y de volver a generar un sistema nacional de educación pública, donde tengan cabida todos los niños y niñas, sin importar su origen. Hacer país nos exige que desde la primera infancia impulsemos el encuentro, con toda la riqueza de nuestra diversidad, para pensar en una nación para todos, sólo así daremos el paso hacia una real igualdad de oportunidades. Chile necesita una educación pública cuyo soporte sea los gobiernos regionales y el Ministerio de Educación, donde se combinen con eficiencia, la mirada local con el sentido de país. 

Se debe asegurar una reforma profunda en la formación inicial docente, donde el Estado vuelva a trabajar con sus Universidades para llevar a cabo un plan nacional formativo con especialización en postgrados, apoyándose en convenios internacionales con países líderes en educación. Asimismo, entregar las condiciones materiales tanto en remuneraciones como en infraestructura para el buen desempeño docente. Y ponernos serios en lo que significa formar a los maestros de nuestros hijos. La acreditación de las carreras es sólo una parte de la necesaria transparencia que el sistema educacional requiere, como nos han criticado organismos internacionales de relevancia como la OCDE.

También hay que implementar equipos profesionales interdisciplinarios en todas los departamentos provinciales de educación, que sean capaces de atender todas las demandas sociales y culturales que apoyen la formación en aula, tales como gestión de programas de becas, equipamiento para iniciativas extraprogramáticas y colaboraciones intersectoriales en ámbitos tales como sexualidad, consumo de drogas, capacitación laboral, deportes, entre otros.

Una verdadera democracia en Chile exige un Sistema Nacional de Educación que permita y promueva la educación pública de calidad, donde no sólo mejoremos la enseñanza de los sectores más vulnerables y desposeídos, sino también promovamos la convivencia democrática en un mismo espacio educacional de los distintos sectores socioeconómicos que caracterizan nuestro país. Es inaceptable que sigan existiendo brechas en los índices de rendimiento y calidad entre la educación pública y privada. Tampoco podemos seguir apostando al esfuerzo sobrehumano que hacen estudiantes, familias y docentes para rendir buenas pruebas de selección universitaria y avanzar en las posibilidades de obtener la oportunidad de un futuro profesional.

Por eso hacemos un llamado a las autoridades de Gobierno, parlamentarias y municipales a avanzar en el proceso de una reforma profunda de la educación en Chile, que ponga en el centro una mirada de país donde todos los niños y niñas reciban la formación para constituirse en reales sujetos de derechos aportando a la construcción de una nación más democrática.

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Claudia Pascual G.
Concejala Santiago