Rajoy y los suyos

            Las sorpresas desagradables han caído durante toda la semana pasada y ni siquiera la aprobación a la baja por el Senado de los Estados Unidos de las medidas de apoyo propuesta por Barack Obama han conseguido una reacción de las bolsas de valores y de las empresas más importantes: antes al contrario, la noticia de la aprobación ha venido seguida de un notable desplome bursátil y una cascada de declaraciones anunciando centenares de miles de despidos en todo el mundo.

            Con esta música de fondo se dio ayer en el Congreso de los Diputados el esperado o casi desesperado debate, según se mire, sobre la situación de la economía y particularmente del desempleo en España, con un planteamiento un poco novedoso por parte de Rodríguez Zapatero y una respuesta agria y agresiva de Mariano Rajoy, quien parece que está despertando de un largo letargo en el que solo esporádicamente  y como para cumplir con su papel de oposición, atacaba  política atacable del gobierno. Porque hay  que convenir en que las medidas correctoras de la profunda crisis económica han ido siempre por detrás de los acontecimientos. Otra cosa es que desde la derecha se reclamen  medidas típicas como la reducción del gasto público y de los impuestos y cargas sociales y, por el contrario, desde el gobierno se apoyen otras bien distintas que ponen el acento en la inversión pública y el gasto social.

            Pero lo novedoso del debate es que, por una parte, el presidente del gobierno ha reconocido la gravedad de la crisis económica y hasta, en cierto sentido, que no alertó a tiempo a la sociedad española sobre la inevitable repercusión en  España y muy especialmente en el aumento del paro. A partir de este reconocimiento y de evitar un pronunciamiento sobre el final de ciclo recesivo, todo lo demás fue repetitivo de otras intervenciones suyas, aunque es cierto que puso de relieve la relativa buena situación de varios sectores productivos de la economía española, como la construcción de obra civil la energía y algunas líneas tecnológicas.

            Rajoy por su parte ensartó una sucesión de críticas ya formuladas con anterioridad con apoyo sustancial en las cifras del paro y destrucción de empleo, sin que le valieran las que se le opusieron de contrario sobre los casi cuatro millones de empleos creados en los últimos cuatro años. El presidente del Partido Popular manejó con soltura otros muchos datos negativos, comparándolos con los obtenidos en otras naciones europeas, lo que no deja de ser una verdad a medias, pero con mucha eficacia dialéctica. En sustancia, parece que ha decidido montar una ofensiva en todo regla aprovechando la situación económica y las debilidades del gobierno en una de los puntos más conflictivos como es el estado de la función pública de la justicia, aprovechando también para desviar en lo posible la atención sobre los problemas internos del partido.

            Pero, aparte de tratar de rentabilizar el único asunto que permite hacer una oposición dura, una vez descartada la política antiterrorista y la cuestión territorial, su reaparición se inserta sin duda en una operación de conjunto para sacar al partido popular de una situación complicada. Así Esperanza Aguirre, tocada indirectamente por el asunto del espionaje político y más que síntomas de corrupción de personas de su equipo, ha tratado de desviar la atención sugiriendo una “trama” manejada desde el partido gobernante para desprestigiar a ella y a su partido; la secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal, ha arremetido contra la Fiscalía general del Estado y contra el ministro de Justicia como muñidores de una campaña de desgaste; otro tanto ha hecho la portavoz  de los populares en el Congreso de los Diputados y algunas otras voces autorizadas del partido, aprovechando una vez más la torpeza del ministro Bermejo para manejarse con sutileza en la política.

            Lo peor de sembrar dudas sobre la independencia del poder judicial  es que se atacan los fundamentos de la democracia, aunque el destinatario se llame Garzón que, por cierto, es la misma persona que hace doce años enjuició severamente a personajes del partido socialista, y entonces era bueno y justo. Me parece bien que el partido popular rompa relaciones con el ministro de Justicia, porque existen razones para ello, pero no en base a poner en duda la imparcialidad e independencia del poder judicial.