El juez Santiago Torres, que instruye el 'caso Becara', ha citado a declarar el próximo lunes como testigos a la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez; el viceconsejero de Transportes y ex gerente de Urbanismo de la capital, Luis Armada; y jefe de la Unidad Técnica de Licencias, José Ramón Orellana.
Se produce así la reacción del magistrado a la petición del grupo municipal socialista de estas declaraciones. El concejal del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, declaró ante el juez el 29 de septiembre que no favoreció permisos para la obra del segundo piso del establecimiento de muebles 'Becara' sino que se realizaron antes de que fuese concejal presidente de este distrito y que su imputación fue un error judicial.
Martínez adelantó que defenderá ante el juez que la tramitación municipal de las licencias estuvo "sujeta a la legalidad en todo momento" y que la actividad del establecimiento en estos momentos "es acorde con las licencias que posee". La popular subrayó la intencionalidad subyacente y partidista del PSOE para inducir a una conclusión errónea.
El 'caso Becara' se inició a instancias de una denuncia interpuesta por María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano Goyeneche, vecinos del edificio de la calle Juan Bravo número 18. Esta familia dio cuenta al juez Torres de una serie de irregularidades cometidas supuestamente por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Junta Municipal de Salamanca en la concesión de licencias a Becara.
La titularidad del local, de dos plantas, corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, S.L., cuyo apoderado es el ex diputado del PP Jorge Trias Sagnier, marido de una de las propietarias. El propio Trías exculpó en declaraciones a los medios a Henríquez de Luna. El ex gerente de Urbanismo Luis Armada otorgó el 27 de enero de 1999 la licencia de obras y apertura y el 22 de mayo de 2003. Los vecinos de la finca pusieron recursos contencioso-administrativos en 2000, 2003 y 2005 al entender que no se cumplía la normativa urbanística al ser un edificio calificado fuera de ordenación y no tener una licencia adecuada para su uso. Según Urbanismo, las sentencias del juez desestimaron las quejas de los vecinos.
Expedientes
En estos momentos, según Urbanismo, de acuerdo con los expedientes administrativos tramitados y de las inspecciones realizadas, la actividad de Becara es acorde con las licencias que posee -exposición y venta de muebles en la planta baja, y oficinas en la planta primera- y así deberá mantenerse en tanto no se obtenga la preceptiva licencia para el cambio de uso que permite el Plan Especial ya aprobado.
El Pleno municipal aprobó el 28 de noviembre de 2002 el Plan Especial de Control Ambiental de Usos, que autorizó la transformación del uso de oficinas de la planta primera a comercial. Este Plan Especial fue objeto de recurso contencioso administrativo, desestimado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2006, por lo que es vigente y la implantación del uso comercial posible.
La propiedad solicitó entonces la modificación de la licencia para transformar la planta primera de uso de oficinas a uso comercial, concediéndose el 13 de mayo de 2004 por el Área de Urbanismo. Contra dicha licencia se interpuso nuevamente un recurso contencioso-administrativo dictándose sentencia firme por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 12 de abril de 2007, en virtud de la cual se anuló la licencia "en base a diferentes aspectos puramente formales". Esta sentencia ha sido ejecutada denegándose la licencia y decretando el cese del uso comercial de la primera planta.
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Reposición
Henríquez de Luna presentó un recurso de reposición en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid y solicitó una anticipación en su comparecencia ante el juez Torres para responder a las denuncias vertidas contra él. Según Henríquez de Luna, la licencia se tramitó antes de que él fuese concejal de Salamanca. Además, explicó que la Junta Municipal no tramitó ninguna licencia para Becara, puesto que la competencia le corresponde a la Gerencia de Urbanismo, según indicaron fuentes jurídicas.
El edil también explicó al juez que la Junta de Salamanca fue informada de que la tienda no tenía licencia, si bien aclaró que esta incidencia se remitió al Área de Urbanismo. Además, contó que un funcionario de este departamento emitió un informe a favor de que la competencia debía ser para la Junta Municipal del distrito de Salamanca. Tras ello, Henríquez de Luna se reunió con Pilar Martínez, quien finalmente desautorizó el escrito del citado empleado municipal. Indicó que la Junta de Salamanca no tiene competencias en este sentido y que el edil no ha intervenido nunca en ningún procedimiento administrativo de concesión de licencia relacionado con el local. Por último, explicó que no tenía dependencia jerárquica con los funcionarios imputados.
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Responsabilidades
El portavoz del grupo municipal socialista, David Lucas, comentó que las cosas se hicieron mal y pidió que los responsables municipales aclaren: "Si hubo trato de favor, quién era el competente, si la Junta de Salamanca o la Gerencia, por qué no se paralizó la actividad de la parte del local que no tenía licencia y, en todo caso, por qué se permitió que continuara abierta esta parte del local tras el anterior pronunciamiento judicial y las órdenes de cierre". Por último, el edil pidió que las personas que hayan actuado de manera irregular asuman sus responsabilidades al respecto.
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