Baltasar Garzón, ese "hiperactivo juez español"

Baltasar Garzón ya tiene uno de los artículos de opinión en Estados Unidos que debía de estar esperando desde hace días. El diario "Wall Street Journal" dedicó este jueves una de sus piezas a hablar de la investigación criminal que ha abierto el que denominan "ese hiperactivo juez español llamado Baltasar Garzón" sobre seis ex funcionarios del gobierno del presidente George W. Bush por su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos que se cometieron en el centro de detención de la base de Guantánamo.

"El caso es absurdo", dice el diario en un artículo en el que se compara la decisión de Garzón con el caso del presidente de Sudán, Omar Hasán al Bashir, y la orden de arresto que dictaminó sobre el la Corte Penal Internacional. El diario de Nueva York pide en sus páginas que "el presidente Obama condene públicamente el ataque que el juez Garzón ha ejercido sobre honorables funcionarios públicos que hicieron lo posible para proteger Estados Unidos".

Según el 'Wall Street Journal', "la idea de que cualquier magistrado de cualquier lugar tiene potestad para juzgar la legalidad de las decisiones o meros consejos de funcionarios extranjeros (...) hace los centenarios conceptos de jurisdicción soberana y de responsabilidad democrática se queden sin sentido".

El diario sigue adelante y asegura que acciones como la de Garzón mandan "un mensaje escalofriante a todos los funcionarios de cualquier gobierno, incluidos ahora los de la Administración Obama, que deben sopesar los consejos que ofrecen al Presidente contra los riesgos legales personales a los que se pueden enfrentar cuando acabe su mandato".

La acción de Garzón es además para el diario "una receta para la anarquía legal". La publicación deja así sobre el tejado de la Administración Obama la posibilidad de valorar públicamente de una vez por todas las posibles acciones legales que se podrían llevar a cabo en España en contra de ex secretario de Justicia de EEUU, Alberto González, y otros ex funcionarios que supuestamente violaron la ley internacional cuando proveyeron el marco legal que justificó la tortura de prisioneros en Guantánamo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Garzón abrió la investigación después de que el pasado 17 de marzo la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas de España presentara una querella en contra de los seis funcionarios estadounidenses.