"Han aumentado las renuncias a viviendas públicas"

¿Ha cambiado el tipo de solicitante de vivienda pública desde que empezó la crisis?
El perfil del adjudicatario habitual que se acerca al Ayuntamiento de Madrid es una persona menor de 35 años con más de 15 años empadronado en Madrid y que posee una renta entre 2,5 y 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en el caso de la venta, y de 1,5 y 2,5 veces en el caso del alquiler. No obstante, en esta legislatura la barrera del adjudicatario mayor de 35 años prácticamente ha desaparecido y han aumentado los solicitantes de estas características, que tienen más puntos para acceder a una vivienda en régimen de venta. Esto es posible por el cambio del reglamento que se aprobó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento. Esta modificación supone un concepto mucho más universal de acceso a la vivienda pública, aunque se dé prioridad a las personas jóvenes. En cualquier caso, también ha cambiado el registro de familias a medida que varía la sociedad española. Las familias han reducido sus miembros, cada vez hay más 'singles'... Por eso, ha habido que cambiar la planificación al diseñar las viviendas. Hemos pasado de construir viviendas de dos, tres y hasta cuatro dormitorios a construir mayoritariamente pisos de uno o dos para adaptarnos a estos cambios.

¿Están teniendo problemas a la hora de adjudicar las viviendas?
Ha aumentado el número de adjudicatarios que renuncian a las viviendas. Anteriormente, sólo ocurría esto con uno o dos por promoción. Ahora quizás hay ocho o nueve por promoción. Es un problema para esas personas porque el banco no les da la financiación. Pero el registro es una lista entera de reserva, con lo que si hay una persona que no puede por cualquier circunstancia, pasa al siguiente de la lista. Ése es otro cambio sustancial que hemos hecho en el cambio de reglamento de vivienda: antes había que esperar a otra convocatoria y ahora es automático.

¿En qué se caracteriza esa lista?
Se ha variado el sistema con respecto al método anterior para adjudicar. Las viviendas en alquiler son por sorteo. No existe un baremo. Mientras, en venta sí que existe, de tal forma que los que tienen más puntos, tienen más opciones. Si hay un equilibrio entre adjudicatarios y viviendas, entonces hacemos una especie de sorteo combinado. Consiste en que el que tiene más puntos, tiene una adjudicación directa de la vivienda. Pero, a partir de cierto momento, se establece un sistema de sorteo en el que las posibilidades estriban en la cantidad de puntos que tiene cada uno. Es decir, si tienes veinte puntos, tienes veinte papeletas, y si tienes cuatro, cuatro. De esta forma es más fácil que le toque al que tiene más puntos pero no impide que acceda a la vivienda el que tiene menos.

Varias constructoras que trabajaban con la EMVS se han declarado en situación concursal ¿Cómo solucionan este contratiempo?
Hemos sufrido esta situación como creo que la han sufrido todas las administraciones y empresas privadas. Hay dos alternativas a nuestro nivel y las hemos aplicado ambas en función de cada caso. Se puede hacer una cesión de contrato. Es decir, que la empresa en situación concursal ceda el contrato a otra empresa siempre y cuando el administrador concursal -en este caso, el consejo de administración de la EMVS- esté de acuerdo, condicionado al responsable judicial. Y otra, también con el acuerdo del administrador, en la que se resuelve el contrato de la misma forma. Por suerte, todas las promociones de la EMVS están aseguradas. También es cierto que la situación en 2008 y 2009, en la que ha habido un montón de quiebras, ha afectado al propio mecanismo de administración concursal. En algunos casos, hemos tenido la suerte de que el juez ha sido muy rápido y en otras, no tanto. Por eso, ha habido demoras de dos, tres o cuatro meses en unas ocasiones, y en otras llevamos medio año sin que se pronuncie la administración concursal.

Han criticado que la EMVS realiza promociones mal acabadas.
La EMVS tiene, actualmente, 5.200 viviendas en ejecución. Es evidente que en alguna promoción puede haber algún problema. Lo anormal sería lo contrario. No comparto, sin embargo, que eso se aplique al cien por cien de los pisos. El otro día discutíamos en la comisión de Urbanismo sobre este tema y se fijaba el porcentaje de promociones con fallos en un ocho por ciento. En una empresa que hace 5.200 viviendas son relativamente pocos casos. Obviamente, trabajamos para que sea cero y entiendo que no se puede generalizar este problema.

Han ofrecido a los promotores de vivienda privados incluir su 'stock' en la bolsa de vivienda municipal.
No hay un acuerdo firmado. Hemos propuesto a Asprima -Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid- la posibilidad de que cualquier vivienda protegida y terminada que posean, estaríamos dispuestos a gestionarla. Entiendo que el beneficio que consiguen los promotores es la demanda de vivienda que tiene la administración. El registro de vivienda municipal constituye una demanda solvente porque las personas que están apuntadas deben cumplir dos condiciones: que no tengan una vivienda en propiedad y que, en el caso de la compra, cobren entre 2,5 y 7,5 veces el IPREM, y en el caso del alquiler, cobren desde 1 a 5,5 veces. Es decir, que las 18.000 personas que forman parte de nuestro registro son, aparentemente, una demanda solvente. Eso sí, el beneficio para el ciudadano es que esas viviendas deben tener las mismas condiciones que un piso de la EMVS.

¿Qué le parece el Plan Estatal de Vivienda firmado por el Ministerio con la Comunidad de Madrid?
La administración municipal no tiene competencia legislativa en esta materia y cualquier decisión en este tipo nos afecta. Es necesario que el Plan nacional y el regional de Vivienda se aprueben y se apliquen cuanto antes porque llevamos meses de retraso. La situación actual es que el Plan de Vivienda nacional va de 2009 a 2012. Estamos en mayo y sólo se ha firmado con tres comunidades autónomas, incluida Madrid. Y el plan regional también cubre ese periodo y todavía no ha entrado en vigor.

Según el Anuario Estadístico del Ayuntamiento, el 13 por ciento de las viviendas municipales están en un estado deficiente, malo o ruinoso ¿Existe un plan de choque contra este problema?
La rehabilitación es una apuesta muy importante. Trabajamos por solucionar esta situación a través de la rehabilitación o reestructuración completa (como en San Cristóbal de los Ángeles o barrio del Aeropuerto) en función de las posibilidades de cada barrio. Comprometimos 90.000 actuaciones entre 2003 y 2011 y en este momento van más de 50.000 en toda la ciudad. Para ello tenemos varios instrumentos: las Áreas de Rehabilitación Integral (donde cofinancian las tres administraciones), la rehabilitación privada con ayudas públicas (Inspección Técnica de Edificios), la transformación de locales comerciales en viviendas en aquellos sitios donde no hay un comercio muy extendido, y las Áreas de Rehabilitación del Centro Histórico. Estos son los instrumentos de rehabilitación habituales. También existe la rehabilitación que realiza la propia EMVS y la construcción que hacemos en solares del centro creando inmuebles de nueva edificación.

¿Cómo resuelven los problemas de rehabilitación de edificios en que, por ejemplo, hay que meter un ascensor o un garaje?
En ese caso hay una normativa nueva de ascensores que ha flexibilizado mucho la situación. Permite introducirlos donde antes no se podía. En algunos edificios de la EMVS, se ha construido en la corrala. También se ha construido en la vía pública cuando no impide el tránsito. En el caso del garaje, en los edificios de nueva construcción, como en San Cristóbal de los Ángeles, no hay problema. En Centro, sin embargo, a pesar de que demolamos el edificio, no se puede profundizar en el suelo ya que pasan túneles de metro o restos del Madrid histórico que están a un nivel muy superficial. En ese caso, donde se puede, hemos optado por el aparcamiento robotizado. En Hortaleza 76, que se entregará el mes que viene, hemos conseguido ganar el espacio para 9 plazas de garaje para 16 viviendas, pero no hay espacio para más.

¿Cuáles son los problemas que existen para no poder desarrollar de manera más efectiva la lucha contra la infravivienda?
Urge un cambio legislativo. Con la normativa actual es muy difícil acometer el problema de la infravivienda. Se ha hecho y se está haciendo, incluso con pocos instrumentos legales. La EMVS compra edificios con estas circunstancias para rehabilitarlos. Pero esto es matar moscas a cañonazos. Es necesario cambiar la legislación o es inviable acabar con la infravivienda. El Plan General de Ordenación Urbana de 1997 (PGOUM) se limita a decir que hay que eliminar un número de ellas determinado, pero no dice cómo. Cuando tenemos, por ejemplo, un edificio con infravivienda de 8.000 metros cuadrados de superficie, el PGOUM dice que si lo tiras y los vuelves a hacer, debe tener 6.000 metros. Esto significa que si tienes 100 viviendas, tienes que reducir el número a 80 y expulsar gente del edificio. Lo que pedimos a la Comunidad de Madrid es un cambio normativo para mantener la superficie de edificabilidad a la hora de reedificar. Eso ahora mismo es imposible pero supondría permitir un proceso de transformación urbana importante.