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Chávez anunció la compra de tres empresas de capital argentino

Argentina pide un precio justo por las nacionalizaciones en Venezuela

Argentina pide un precio justo por las nacionalizaciones en Venezuela

lunes 25 de mayo de 2009, 17:49h
El Gobierno de Argentina aseguró este lunes que "pondrá todo su empeño" para garantizar un precio justo en el proceso de nacionalización de tres compañías del grupo siderúrgico argentino Techint, que acaba de anunciar Venezuela.

"Por parte de nuestro Gobierno vamos a poner todo el empeño para que, en caso de concretarse cualquier tipo de nacionalización, sea a un precio justo y podamos defender de esa manera las inversiones argentinas en Venezuela", afirmó el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

En declaraciones a Radio Continental, de Buenos Aires, Randazzo reiteró que Argentina "no está en favor de las estatizaciones en forma general" y, en ese sentido, subrayó que las nacionalizaciones de Aysa y de Aerolíneas Argentinas son "decisiones que tuvo que adoptar el Gobierno porque no había otro camino".

En marzo de 2006 el Gobierno argentino creó la firma Aguas y Saneamiento (Aysa), que se hizo cargo del servicio de aguas y cloacas en Buenos Aires y su periferia tras quitarle la concesión a un grupo integrado por la francesa Suez y la española Aguas de Barcelona.

El año pasado, en tanto, Argentina anunció la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, que se encuentra bajo administración del Estado y en proceso de expropiación a la española Marsans.

Randazzo señaló además que en la visita que el presidente venezolano, Hugo Chávez, hizo hace 10 días a Argentina "no se habló de este tema" porque el Gobierno de Cristina Fernández "respeta la decisión de otro país".

Chávez anunció el jueves último en Caracas la nacionalización de cinco empresas del sector siderúrgico, entre ellas Tavsa y Matesi, en las que Techint tiene mayoría, y el Complejo Siderúrgico Guayana, en la que el grupo argentino es accionista minoritario.

La decisión sorprendió a Techint, según sus directivos, y fue motivo de generalizado rechazo para las asociaciones empresariales argentinas y hasta para la Confederación General del Trabajo (CGT), el mayor sindicato del país.

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