Lo ocurrido en Honduras la madrugada del domingo último tiene un nombre inequívoco: golpe de Estado.
En ese sentido se han pronunciado la OEA, el Grupo de Río, los países centroamericanos, la Unión Europea, los EEUU y otras naciones que han condenado la ruptura del orden constitucional en Honduras.
Lo sucedido en el pequeño país centroamericano ha demostrado que no solo no hemos avanzado en el tiempo, sino que, infelizmente, estamos de regreso a un pasado siniestro, cuando las armas y la fuerza se imponían sobre la razón y sembraban el caos.
Técnicamente, Honduras cuenta hoy con dos presidentes. Uno fuera del territorio, tras haber sido echado por la fuerza, y un segundo, designado y posesionado ante el Congreso de la República que dice estar asistido por la razón y las leyes tras haber derrocado al presidente Manuel Zelaya.
Un desenlace aún no parece previsible en Honduras, a pesar de la determinación de la comunidad internacional de reconocer a Manuel Zelaya como legítimo mandatario, hecho que podría hacer retroceder a los golpistas. El dilema aumenta cuando los diputados y dignatarios de otras funciones del Estado parecen estar convencidos de que lo que se ha dado en Honduras es una sucesión constitucional y no un golpe militar.
La situación es en extremo delicada y merece la oportuna acción de los organismos internacionales, que deben accionar sus mecanismos para propiciar una rápida salida a la crisis antes de que la violencia se tome las calles, por la presión que tendrá la gente por expresarse y por el nerviosismo de la dirigencia que buscará reafirmase en el poder.
En este contexto, discursos como los del presidente Hugo Chávez no hacen sino caldear los ánimos; el intervencionismo en asuntos internos de otros Estados es insostenible.
Chávez y los socios de la Alba deberían respetar la libre determinación de los pueblos y dejar que actúen los organismos pertinentes.
Si (
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