Prada reclama al juez que personal de Interior declare por su espionaje

En concreto, Prada ha solicitado por escrito al juez instruye su caso que interrogue a José Manuel Pinto Serrano, José Palomo Gallego, José Oreja Sánchez, Antonio Coronado Martínez, José Luis Caro Vinagre, Belén Esparteros Rodríguez, José Manuel Rodríguez González y Roberto Casielles Casielles. Sí pasó por la comisión parlamentaria el asesor Marcos Peña, que negó ser el jefe de cualquier aparato paralelo de vigilancia y a quien Prada pide al juez que excluya de los interrogatorios, al igual que al también asesor Pedro Agudo.

Los citados son asesores de seguridad del departamento de Interior contratados como personal eventual de confianza a los que PSOE e IU ya quisieron interrogar en la 'comisión de los espías'. El PP no aceptó alegando que no tenían nada que aportar. Ahora, el principal afectado de los supuestos espionajes -junto al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo- solicita en este documento que se les someta a una prueba pericial que establezca si fueron ellos quienes escribieron los figurados partes de vigilancia que el juez maneja.

Como complemento, Prada pide al juzgado de instrucción número 5 que le permita comparecer ante el magistrado "para ratificar y en su caso ampliar" la denuncia que presentó cuando se destaparon los supuestos espionajes, que según el ex consejero coincidían tanto con sus movimientos personales como profesionales.

El PSOE exige responsabilidades
La revelación del movimiento de Alfredo Prada la hizo este martes la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, que como parte personada en el caso tuvo acceso al documento que se presentó en Plaza de Castilla -según consta en el registro- el pasado lunes 29 de junio. Para Menéndez, como para la portavoz de IU, Inés Sabanés, no deja de ser "sorprendente" que Prada pida citar a las mismas personas que sus grupos solicitaron y que el PP "vetó".

A la luz de los hechos y de los recientes indicios de seguimientos a cargos del PP en Torrelodones, PSOE e IU exigen reabrir la comisión de investigación, pero el caso está completamente cerrado para el partido que gobierna. David Pérez, portavoz popular en la Cámara, asegura que el supuesto espionaje ya fue "clarificado en sede parlamentaria" –donde se llegó a presentar un contrainforme que aseguraba que la caligrafía de los partes no correspondía a nadie de la Consejería de Interior- y que ahora es el turno de los tribunales.