Presupuesto y seguridad ciudadana

Hay un tema en el centro del debate que combina política y gestión pública: el de la ejecución presupuestaria. El gobierno actualizó la controversia con un decreto que revierte los recursos que las prefecturas no gasten en seguridad ciudadana. Esto agrava un problema ya serio.

En general, en el país se cree que una baja ejecución presupuestaria refleja una mala gestión, en tanto que una elevada ejecución sería, en oposición, sinónimo de eficiencia. Esto conduce fácilmente al despilfarro cuando no a la corrupción, ya que quienes más dinero gastan y más rápido lo hacen obtienen un premio político: imagen de eficientes.

La ejecución presupuestaria destaca la proporción del dinero que una institución gasta o ejecuta del presupuesto que tiene asignado. Si gastó la mitad del presupuesto se dice que ejecutó el 50 por ciento, y si otra gastó la cuarta parte, ejecutó el 25%. En la lógica prevaleciente, como la primera ejecutó más que la segunda se deduce que fue más eficiente. La segunda se siente mal por haber gastado tan poco y apura procesos, busca proyectos grandes, ignora irregularidades, y l finalizar el año dice: ¡gasté todo! ¡Ejecuté el 100 por ciento! (aplausos).

El problema es que con esta perspectiva se crea una presión sobre las autoridades que las induce a poner cada vez menos atención a las necesidades de la gente, a la pertinencia de los gastos realizados, al impacto que ellos tienen o los resultados que consiguen. La rapidez y magnitud del gasto son la prioridad y desplazan otras consideraciones.

Cuando eso ocurre ganan importancia los grandes proyectos y las obras de alto costo y gran visibilidad, en las que además la urgencia impone un ritmo que hace más difíciles los controles legales, contables y de calidad.

El resultado es que, pasada la euforia de la ejecución presupuestaria, se descubre que la obra no sirve o no se la puede mantener, o que se produjeron huecos y desfases que generan acusaciones y desconfianzas. No es inevitable que esto ocurra, pero el riesgo aumenta con esta obsesión por la ejecución presupuestaria que nos acompaña desde que descubrimos la abundancia de gas y los precios se fueron para arriba, dándonos arcas llenas donde antes no había más que déficits.

La presión se intensifica ahora con el decreto recientemente aprobado por el gobierno, que dispone la reversión de los fondos prefecturales de seguridad ciudadana que no se ejecuten hasta fin de año. Con esta lógica, podrían empezarse a construir puestos policiales o comprar motocicletas aún sin tener el personal para ocuparlos o conducirlas, y mucho menos un plan para mejorar las condiciones de seguridad. Porque, obviamente, también entrará en juego la controversia de qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana. Motos que digan "policía" sí lo son, pero ¿y las luces en las calles de los barrios? Cinco celdas en la cárcel sí lo son, pero ¿no servirá también para mejorar la seguridad ciudadana un albergue que proporcione abrigo, alimentos, marihuana y tratamiento psicológico a los polillas? Ya sé que aquí se plantean otros temas y muy controversiales, pero la cuestión es la misma: ¿qué es y qué no es gasto en seguridad ciudadana? En una gestión descentralizada y autonómica debe esperarse que existan criterios diferentes y hasta contrapuestos sobre la manera de enfrentar un problema.

En este caso hay una dificultad adicional, pues el dinero que se revierta irá a la policía, que es la encargada de contribuir al diseño de planes de seguridad ciudadana y ejecutarlos con las prefecturas. Pero si la policía resulta premiada con fondos si las prefecturas no ejecutan sus presupuestos, ¿cooperarán en los próximos meses a los planes de seguridad ciudadana de las prefecturas? En síntesis, si ya es un problema serio el hecho de que nos preocupemos tanto de la ejecución presupuestaria, el problema se agrava con la amenaza de reversión. Esta, además, anticipa tensiones y conflictos adicionales a los que ya vivimos. Lo peor, sin embargo, lo imperdonable, es que esto nos coloca entre una mayor inseguridad y un despilfarro de recursos que ofende la pobreza.

Roberto Laserna
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