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El arbitraje militar hondureño

El arbitraje militar hondureño

Desde el inicio de la crisis política, las Fuerzas Armadas hondureñas se han erigido en árbitro de la situación, detentando el poder efectivo. Primero, el jefe del Estado Mayor desobedeció la orden del presidente constitucional para cumplir determinadas misiones, asignadas en el marco de la preparación de una consulta electoral; la destitución del general, por desobediencia a su comandante jefe, fue contestada por los altos mandos con un despliegue militar en las calles de la capital; y finalmente, el pulso entablado entre el general Romeo Vásquez y el presidente Zelaya se resolvió con un golpe de Estado en el que unidades militares expulsaron del país al presidente, asaltando por la noche su residencia.

Las protestas de legalidad de los golpistas, aunque tengan sus “razones”, no tienen fundamento constitucional. Alentado por un reconocible sector social, el poder militar ha tenido en todo momento el control de la crisis, apoyándose formalmente en las instituciones democráticas, tanto parlamentarias como judiciales, para subvertirlas de hecho. Con la única legitimidad que le proporciona el respaldo de la fuerza militar, un congresista ha sido investido mandatario de facto y la Corte Suprema ha decretado la expulsión del presidente de la República. En este sentido, es elocuente que el Ejército se haya permitido incluso pronunciarse públicamente, fungiendo como institución autónoma, sobre la naturaleza de su acción y los términos de una posible salida.

Las razones que puedan alegarse para tratar de justificar el golpe no tienen defensa posible desde el punto de vista constitucional. Las instituciones, y menos una institución subordinada como la militar, no pueden suplantar la voluntad popular, única que puede legitimar el ejercicio del poder ejecutivo. Los presuntos delitos, abusos de poder o irregularidades en que pudiera haber incurrido el presidente Zelaya no pueden resolverse con un golpe de fuerza sino a través de los procedimientos jurídico-constitucionales que estén establecidos, y que, es evidente, no pueden autorizar irrumpir en casa del presidente y trasladarlo, manu militari, al extranjero.

Tampoco el preocupante –según para quién– giro ideológico que había realizado el presidente, elegido por los sectores conservadores y trasfigurado durante su mandato en dirigente “bolivariano”, cabe ventilarlo con una intervención militar. Son los hondureños, con sus votos, los únicos que pueden despojarle de la banda presidencial o reelegirle si se ha tramitado la oportuna modificación constitucional. Y es precisamente la preocupación por una posible reelección de Zelaya de la alta clase hondureña, alarmada por los lazos Tegucigalpa-Caracas, la que ha precipitado la operación militar de defensa de su estatus político.

El arbitraje militar hondureño, en cuanto pone de manifiesto la fuerza y autonomía del poder militar, es una mala noticia para la salud democrática de América Latina. Los hondureños, y por extensión todos los latinoamericanos, se ven entre el populismo demagógico pseudoizquierdista y el no menos peligroso repunte militarista, travestido de defensa de la legalidad. Urge, pues, una vuelta a la normalidad política con el regreso a su puesto del presidente, el cese de la cúpula militar golpista y la inmediata convocatoria de elecciones.

La crisis hondureña pone también de actualidad la necesidad de continuar impulsando la desmilitarización de América Central, conforme al nuevo y ventajoso modelo de seguridad y defensa de costarricenses (1949) y panameños (1991) –por cierto, en ambos casos decididos después de sendas crisis golpistas–, y que no cabe duda que supondría un gran avance en el necesario proceso de integración de las repúblicas centroamericanas.
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