Al encuentro celebrado en Quetena Chico (Potosí) asistieron, según reportes de radios comunitarias, delegados de la Central Obrera Departamental, Prefectura, Federación de Mineros, Federación Departamental de Campesinos, representantes de pueblos indígenas, autoridades originarias, maestros rurales, Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos (FRUTCAS), gremiales y alcaldes.
El respaldo al documento preliminar, según El Potosí, fue unánime porque supuestamente la mayoría de estos sectores son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
El preacuerdo al que arribaron las Cancillerías de ambos países y que salió a la luz pública ayer establece que del volumen total del agua del Silala, que fluye a través de la frontera, sólo el 50 por ciento corresponde “inicialmente” a Bolivia, por lo que es de su libre disponibilidad y podrá utilizar en su territorio o autorizar su captación para su uso por terceros.
Esta “concesión” fue observada por el presidente del Comité Cívico Potosino, Celestino Condori (no asistió a la reunión de Quetena), quien dijo que bajo este criterio se está poniendo en duda la propiedad boliviana de ese recurso. “El Silala nace en territorio potosino de un sistema de bofedales que bajan hacia Chile por una canalización realizada por el vecino país y por tanto no estaban a disposición de nadie en el pasado”.
El ex diputado potosino Gonzalo Barrientos, asimismo, dijo que se trata de un nefasto antecedente jurídico porque este “error” podría ser utilizado como jurisprudencia en un juicio internacional, pues Bolivia estaría admitiendo que tiene sólo la mitad de la fuente hídrica.
Bolivia transfiere agua del Silala a Chile desde 1908 sin recibir una compensación; sin embargo, los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet convinieron que Bolivia será compensada por las entidades públicas y privadas que aprovechan el recurso.
El acuerdo inicial establece que el Gobierno boliviano otorgará autorizaciones de uso y aprovechamiento de las aguas a personas jurídicas o privadas de Chile a cambio de una compensación económica.
En todo caso, Bolivia dispondrá para la venta sólo del 50 por ciento de la reserva hídrica que le corresponde mientras que el otro 50 por ciento puede ser utilizado por Chile sin ningún costo.
El canciller David Choquehuanca, anoche en una entrevista con la red Uno, aclaró que este preacuerdo tendrá una duración de sólo cuatro años después de ser refrendado y en tanto se realicen estudios conjuntos para determinar la propiedad de los recursos hídricos. Para el diagnóstico se instalarán estaciones meteorológicas en la frontera de ambos países.
En el preacuerdo de 17 puntos al que arribaron las comisiones de ambos países tampoco se menciona la deuda histórica pendiente desde 1908, cuando empresas del país vecino comenzaron a usar los recursos hídricos mediante canales.
El canciller Choquehuanca dijo que en ninguna parte del documento preliminar se renuncia a una eventual compensación por uso histórico de las aguas. “El acuerdo tiene una vigencia de cuatro años, se espera que (este tema) se resuelva antes de ese plazo”.
Sin embargo, para Comcipo, el hecho de que esta demanda no conste en el preacuerdo representa un traspié porque al cabo de cuatro años el contexto diplomático podría variar y habrá que comenzar otra negociación desde “punto cero”.
Extraoficialmente se conoció que este acuerdo podrá ser refrendado por el Gobierno antes del 10 de agosto. Choquehuanca evitó dar fechas.
La Cancillería boliviana estima que por el pago del 50 por ciento de las aguas ingresarán al menos tres millones de dólares anuales. Éste fue uno de los principales argumentos que utilizó el Gobierno para que las organizaciones sociales que se reunieron ayer en Quetena Chico respalden el documento preliminar.
“Cada día que transcurre sin que se consolide el acuerdo inicial, Bolivia deja de percibir al menos 10.000 dólares”.
Para ello elaboró una cartilla titulada “Once razones para apoyar la celebración del Acuerdo Inicial sobre el Silala”.
Con el respaldo de las organizaciones, el Ejecutivo tiene atribuciones de validar el preacuerdo; sin embargo, según la nueva Constitución Política del Estado, todo convenio internacional firmado por el Gobierno debe ser refrendado por el Congreso Nacional.
Cívicos potosinos reclaman referéndum nacional
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) demandó ayer la celebración de un referéndum nacional para tomar una decisión respecto del preacuerdo logrado entre las cancillerías boliviana y chilena sobre el uso del agua del manantial Silala.
Celestino Condori, presidente de Comcipo, explicó que “existe la necesidad de llevar a cabo una consulta popular a escala nacional para que la población decida con su voto si está o no de acuerdo con las negociaciones”. El líder cívico, quien no viajó a Quetena Chico, lamentó que la Cancillería no haya entregado el contenido del acuerdo con anterioridad a la reunión de consultas de ayer. Según el diario El Potosí de la capital potosina, hoy se reunirán el directorio de Comcipo y los miembros del Comité de Movilización para analizar el convenio y esperan que las observaciones que definan sean incorporadas en el documento.
Los líderes de esta organización pidieron una reunión con el presidente Evo Morales para que sus puntos de vista sean conocidos por el Gobierno y, en caso de no hallar receptividad en esa instancia, se convocará a una reunión de Consejo Consultivo para definir las acciones futuras.
No descartan la posibilidad de protestar por el Silala y también por otros problemas locales.
Extractos
Establecer un acuerdo bilateral para la preservación, sostenibilidad, uso y aprovechamiento del sistema hídrico del Silala o Siloli para beneficio de ambos países.
El presente acuerdo inicial considera el volumen de agua del sistema hídrico del Silala o Siloli que fluye superficialmente a través de la frontera desde Bolivia hacia Chile. Considera, asimismo, que del volumen total de aguas superficiales que actualmente fluyen a través de la frontera, un porcentaje corresponde a Bolivia y es de su libre disponibilidad, y que los estudios científicos servirán de base a las decisiones que se adoptaren en el futuro a ese respecto, de acuerdo con lo que establece el artículo 6.
Por el presente acuerdo se establece que las aguas de libre disponibilidad de Bolivia y captadas en su país podrán ser conducidas para ser aprovechadas en Chile. En tal caso, el titular público boliviano de la autorización para el otorgamiento del uso de dichas aguas será compensado por las personas jurídicas de derecho público o privado que se constituyan en aprovechatarias de dichas aguas.
Por este acuerdo las partes se comprometen a efectuar conjuntamente estudios complementarios sobre el sistema hídrico del Silala.
La partes establecen, de conformidad con el artículo 2, que del volumen total del agua del Silala, que fluye a través de la frontera (100%), el 50% corresponde, inicialmente, a Bolivia, es de su libre disponibilidad y lo podrá utilizar en su territorio o autorizar su captación para su uso por terceros, incluyendo su conducción a Chile. Este porcentaje podrá ser incrementado a favor de Bolivia.
En caso de que en la aplicación o interpretación de este acuerdo surgiere una diferencia, contingencia o asunto que requiera la atención conjunta de las partes, cualquiera de ellas podrá convocar al Grupo de Trabajo Bolivia-Chile sobre el tema del Silala, creado por las Cancillerías de ambos Estados en 2004, para resolverla o darle una respuesta apropiada.
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Si (
No(
