En el evento, que culminó en 14 de agosto, participan expertos en desminado humanitario, la ONG suiza Geneva Call y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, Paicma.
Así mismo se contó con la presencia del Vicepresidente de la República, Francisco Santos, quien señaló que el Gobierno busca establecer protocolos para implementar en todo el territorio las labores de desminado a cargo de civiles, que arrancaron hace un año en varios puntos del país.
Santos explicó que ya se están desarrollando proyectos piloto en los Montes de María, en el departamento de Antioquia y en los municipios de Samaniego en Nariño y El Dorado en el Meta. "Estamos trabajando en los protocolos para que la responsabilidad y el aprendizaje sea certero y podamos ganar terreno en este problema de las minas".
Los civiles que participan en la erradicación de minas antipersonales, según Santos, lo hacen en zonas en las que "hay control por parte del Estado", con el fin de que "no asuman riesgos innecesarios"; sin embargo, afirmó que "no hay control" en las áreas en las que los agentes de la fuerza pública desarrollan labores de desminado. En la actualidad hay seis batallones de desminado humanitario y anunció que el próximo año pasarán a ser 14.
Un documento de Geneva Call sostiene que "las comunidades afectadas solicitan de manera apremiante la acción integral contra minas antipersonal y, en particular, el desminado de sus tierras", afirmación en la que Santos coincide asegurando que la urgencia del Gobierno en poner solución a este problema radica en la necesidad de "propiciar que las comunidades afectadas retornen a sus lugares de origen”.
El vicepresidente detalló que en un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, se establecen inversiones de hasta 300 millones de dólares para el desarrollo de la educación, prevención de riesgos, atención a víctimas y erradicación de artefactos.
Por otro lado, otra fuente documental de las oficinas de Desarme, Desmovilización y Reinserción, DDR, y de la CNRR, indica que de los efectos de las minas antipersonal, son "particularmente graves" los que sufren los menores de edad.
Según cifras de las Naciones Unidas, Colombia ocupa uno de los primeros lugares en la utilización de minas antipersonal, superando a Angola, Iraq, Sudán, Camboya y Afganistán, entre otras, y entre 1990 y junio de 2009 se habían registrado 7785 víctimas.
Cifras del Gobierno colombiano indican que en esa mismo período, los departamentos que más víctimas presentaron fueron los de Antioquia (1739), Meta (823), Caquetá (605), Norte de Santander (551) y Bolívar (549).
Samaniego, en el departamento de Nariño y Vistahermosa, en el Meta, son los dos municipios que mayor cantidad de minas antipersonal tienen en sus territorios.
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