El presidente de la República anunció el pasado 10 de agosto, en presencia de los mandatarios de Cuba y Venezuela, la creación de los comités de defensa de la revolución. Como reacción ante ese anunció, el alcalde de Guayaquil ha instado, anteayer, a crear otros comités como una defensa frente a lo que considera un riesgo totalitario.
La democracia contempla mecanismos institucionales para resolver las discrepancias entre los diversos grupos e intereses en una sociedad. Por supuesto, las personas y comunidades tienen todo el derecho a organizarse. Más aún, existe ya una gama amplia de organizaciones en la sociedad ecuatoriana: desde los barrios de las ciudades hasta múltiples asociaciones y movimientos gremiales y sociales. Siempre existe el riesgo de que esta sana y libre organización en democracia puede ser instrumentalizada desde el poder, por un grupo, un partido o movimiento político. Entonces, el bien comunitario es desplazado por la defensa de intereses corporativos. Esta nociva experiencia ha sido característica de los regímenes fascistas y totalitarios.
Dentro de la tendencia a exacerbar las polarizaciones sociales que caracteriza al discurso presidencial y las reacciones que este desencadena, resulta peligroso que, bajo la consigna de la organizar y movilizar a la sociedad, se tienda a resolver en las calles los problemas y diferencias entre los distintos grupos, en lugar de hacerlo en el ámbito de las instituciones previstas por el sistema democrático.
La nueva Función de Participación Social y Ciudadana en la Constitución vigente, función aún en ciernes, puede inclusive convertirse en un obstáculo para promover una amplia, democrática y pluralista participación social si entran a operar grupos en función de los intereses de una facción, de un partido, de un movimiento político o del Gobierno de turno. Hay que luchar para que la participación democrática genere ciudadanía y no una democracia tumultuaria.
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