Aguirre dio este lunes su postura como reacción al ser preguntada por las denuncias de los vecinos de
Barcelona, que denuncian que las prostitutas ya no sólo ocupan la calle, sino que tienen relaciones con los clientes incluso en plena vía pública, en lugares tan céntricos como las Ramblas.
La presidenta recalcó que siempre ha creído que la regulación es "algo necesario, y lo contrario es una
hipocresía". "Soy consciente de que no todos opinan igual que yo. Sé que esta opinión no goza en absoluto del consenso de todos, pero soy partidaria de ello. Lo he dicho siempre y lo sigo pensando", explicó sin entrar en más detalles sobre cómo debería hacerse la normativa para una actividad que, si bien tiene un rechazo público, mueve miles de millones de euros al año en España.
Un acuerdo global, ¿pero cuál?
Para el Ayuntamiento de Madrid, que también tiene que ver cómo las meretrices se pasean por la céntrica calle
Montera o por la
Gran Vía, la prostitución es un quebradero de cabeza que, en efecto, existe porque hay clientes. Así lo denunciaba en una de sus últimas campañas publicitarias, "La prostitución
existe porque tú pagas", que varios colectivos sociales rechazaron. Desde Izquierda Unida, descreído, Ángel Pérez no duda en afirmar con frecuencia que "Gallardón
ha erradicado la prostitución en Madrid seis o siete veces".
El Ayuntamiento, como puso de manifiesto este lunes la delegada de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa, traspasa la responsabilidad la prohibición al Estado central y prefiere centrarse en la lucha contra la explotación y el establecimiento de políticas para que las prostitutas
que deseen reconducir su vida sean atendidas. Por el momento, trata de evitar la actividad y de disuadir a los clientes a base de vigilancia policial, de
poner cámaras de vigilancia que según los residentes en la zona no funcionan o de restringir el tráfico en lugares como la Casa de Campo, la colonia Marconi o la propia calle Montera.
Dancausa defiende que un
"acuerdo concertado" entre asociaciones de vecinos, ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central solucionaría el problema, aunque sin aclarar si esto supondría la prohibición de este 'negocio' tomado por las mafias del tráfico de personas o su regulación para garantizar los derechos de aquellos que deseen ejercerla por voluntad propia. Para Cristina Garaizábal, portavoz del colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas
Hetaria, las políticas actuales del Ayuntamiento de Madrid sólo provocan "persecución,
acoso policial permanente, detenciones y deportaciones de prostitutas inmigrantes, persecución arbitraria de prostitutas y clientes, crecimiento de pequeñas mafias y chulos en la defensa de un espacio cada vez más reducido y enfrentamiento entre las propias trabajadoras del sexo porque cada vez es más difícil trabajar".
Ni en la calle ni fuera de ella
El secretario general del Partido Socialista de Madrid lo tiene claro. Para
Tomás Gómez la única salida es prohibir la prostitución tanto en la vía pública como en los locales de alterne, según recogió Europa Press. "Mi posición es el abolicionismo puesto que las mujeres que la ejercen, en su mayoría, es por el resultado de mafias. Es un problema de la sociedad en su conjunto que se debe afrontar desde un debate serio", manifestó. "El problema no es que no se vea en la calle, va más allá, sino que haya mujeres alienadas, casi de
esclavitud", concluye.