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La Cámara Diputados federal formalizó un "grupo de trabajo", con legisladores de todos los partidos representados de San Lázaro, para que estudien si es viable pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la legalidad del decreto que extinguió Luz y Fuerza del Centro.
La determinación fue aprobada por el pleno en donde están representados los seis partidos políticos con representación nacional en San Lázaro, que son: Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido Convergencia, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza.
En principio el grupo de legisladores federales que fue formalizado este jueves en San Lázaro tendrá que estudiar el instrumento jurídico que podrían utilizar si hubiera lugar y en este caso podría ser una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad.
Esta misma tarde de jueves 15 de octubre se puso de manifiesto que el estudio jurídico podría extenderse casi mes y medio, para estar en tiempo de presentar una solicitud a los ministros.
La propuesta fue presentada al pleno por el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, diputado del PRD, con el apoyo de legisladores del PRI Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García.
El diputado Roberto Gil (PAN) sumó los votos de Acción Nacional a la formación del grupo de trabajo sobre la legalidad del decreto presidencial que liquidó Luz y Fuerza. Explicó al respecto:
Tenemos la plena certeza de que el decreto del Presidente Felipe Calderón está apegado a derecho, y con esa confianza participaremos en el grupo de trabajo.
"La fortaleza de los argumentos jurídicos del Ejecutivo resisten cualquier revisión", subrayó el diputado Gil.
Por su parte Carlos Flores Rico (PRI), estableció que la extinción de la empresa eléctrica "es un asunto delicado" que merece un análisis detenido. Los priistas, añadió, "tenemos serias reservas", y un espacio pertinente será el grupo de trabajo, dijo.
Asimismo habló de las consecuencias sociales, económicas y políticas que podría tener el cierre de Luz y Fuerza del Centro, y destacó que el PRI defenderá el principio del sindicalismo, los derechos de los consumidores, y el principio de la empresa pública.
El legislador priísta Flores Rico externó que a lo largo del conflicto, se deben respetar la paz social y las libertades de expresión.
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