Bruselas canaliza a los refugiados para evitar que se dirijan a los países más favorables

Una de las novedades más destacadas que propone Bruselas consiste en obligar a los Gobiernos a tramitar las solicitudes de asilo en un plazo máximo de seis meses, como ya sucede en España. El objetivo es mejorar la eficacia del proceso de examen de las peticiones. No obstante, se dará a los Estados miembros un periodo transitorio de tres años para adaptarse a este plazo.

"Los demandantes de asilo deben tener las mismas posibilidades de ver su solicitud aceptada o rechazada sea cual sea cual sea el estado miembro en el que la presente", dijo el vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot.

Los cambios propuestos harán que las peticiones de asilo "se examinen de la forma más seria y sólida posible para acelerar la concesión de la protección cuando está justificada pero también para rechazar el asilo a los que quieren abusar de la protección internacional". "Un sistema claro, racional y armonizado es la mejor arma contra las redes criminales de traficantes", sostuvo Barrot.

Conforme a la normativa comunitaria actual, las posibilidades de que a una persona se le conceda la protección internacional varían enormemente dependiendo del Estado miembro que tramita la solicitud de asilo.

España es, junto con Grecia y Eslovenia, uno de los países de la UE que acepta menos solicitudes (sólo el 5%). En el extremo contrario se sitúan países como Portugal (que concedió protección al 66,6% de los demandantes), Polonia (65,2%) y Austria (61,7%). Entre los grandes países de la UE, Alemania aceptó el 43,2% de las solicitudes, Reino Unido el 29,9%, y Francia el 16,2%.

Para acabar con estas desigualdades de trato, el Ejecutivo comunitario propone modificar dos directivas: la que fija las condiciones que deben cumplir los demandantes de asilo y la que establece los procedimientos de asilo.

Por lo que se refiere a la primera norma, la Comisión pide aclarar la definición de los motivos de protección. Estas clarificaciones buscan  ayudar a las autoridades nacionales a aplicar los criterios con mayor firmeza y distinguir más rápidamente a aquellas personas que realmente necesiten protección.

También se eliminarán las diferencias en el nivel de derechos otorgados a los refugiados y a los beneficiarios de protección subsidiaria, en materia de duración de los permisos de residencia, que se iguala en tres años, acceso a la atención sanitaria, al mercado de trabajo y a la protección social. Finalmente, Bruselas pide que se simplifique el procedimiento de reconocimiento de los títulos de los asilados y se les facilite el acceso a la formación profesional para acelerar su integración.

Por lo que se refiere a la directiva sobre procedimientos de asilo, además de imponer el plazo máximo de seis meses para tramitar una solicitud, la propuesta amplía las garantías procesales, en particular las ofrecidas a los individuos vulnerables, como las víctimas de torturas o los menores no acompañados. Además, se facilita el acceso a un recurso efectivo para los solicitantes de asilo cuya petición sea denegada.

Finalmente, se especifican las obligaciones de información de los guardas fronterizos, los policías y las demás autoridades que entren en contacto en primer lugar con las personas que soliciten protección.