Después de los reclamos de la Contraloría del Estado por falta de acción de la Fiscalía y tras reunión de los titulares de ambas dependencias públicas, Carlos Pólit y Wáshington Pesántez han acordado cooperación de las dos instituciones en los casos en los que aparecen responsabilidades penales.
Es una crónica debilidad la lenta acción de la Justicia o la ausencia de ella cuando se trata de establecer responsabilidades por el uso de los dineros o el poder público en beneficio particular. Por ello, permanecen en la impunidad supuestos responsables de numerosos hechos de corrupción denunciados. Para comprobar el vacío de la Justicia, basta establecer, por ejemplo, en cuántos casos se logran recuperar fondos públicos o reparaciones por las pérdidas que sufre el Estado pese a que haya millonarias glosas que jamás se desvanecen ni justifican. Una acción mancomunada de la Contraloría y la Fiscalía es indipensable y debería ser, en el plano jurídico, un eficaz instrumento de lucha contra la corrupción.
Las funciones de control se han debilitado en el Ecuador como parte de la crisis institucional. Pese a que la nueva Constitución creó una nueva función, la de Transparencia y Control Social, con encargo principal de combate a la corrupción y formulación de políticas de transparencia, todavía su funcionamiento se halla en ciernes y las posibilidades de una actuación independiente, en duda.
En el plano político, esa falta de actuación independiente se ha evidenciado en la Asamblea
Nacional, como mayoría oficialista, tanto en la aprobación de las leyes cuanto, sobre todo, en la renuncia a las funciones fiscalizadoras. En todo ello, la Asamblea continúa en un papel disminuido análogo al que desempeñó el "congresillo", como se ha visto en cuanto a lo primero en los reclamos indígenas que se movilizaron por la Ley de Aguas contra el Ejecutivo relegando a un plano secundario al órgano legislativo, en donde se debe aprobar la ley.
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