Además, anuncia que propondrá a los interlocutores sociales, en el marco del Diálogo Social, iniciativas que favorezcan una "mayor y mejor utilización de los contratos formativos", por parte de las empresas y de los trabajadores, incluyendo la mejora de su protección de Seguridad Social.
En cuanto a las medidas propuestas a las CCAA, estas se centran en tres puntos concretos: promover el reconocimiento académico de los conocimientos adquiridos por la experiencia profesional; avanzar y garantizar en la conectividad de los sistemas públicos de empleo y favorecer la "complementariedad y coordinación" de las medidas que hoy aplican las CCAA para prporcionar ayudas a quienes agoten las prestaciones contributivas y asistenciales del sistema público de protección frente al desempleo y carezcan de ingresos.
A estas propuestas se suma la petición de ZP de que las CCAA se comprometan a "estimular" la participación de las empresas en la "planificación y la impartición del sistema de formación profesional" con tres medidas: la promoción de convenios entre los centros de formación profesional y las pymes de su entorno inmediato para la integración de dichas empresas en las tareas de planifiación de las enseñanzas del centro; el uso recíproco de instalaciones de empresas y centros para la formación de estudiantes y trabajadores y el fomento del reconocimiento de las iniciativas formativas desarrolladas en el seno de las empresas.
Reducción de la deuda para garantizar su "máxima valoración"
Más propuestas. También ZP pide un acuerdo sobre economía y empleo que pide un esfuerzo común de todas las Administraciones Públicas para reducir el déficit y la deuda y así "garantizar la máxima valoración de la deuda pública española en los mercados internacionales".
En esta línea propone un "compromiso" del Gobierno central y de las comunidades autónomas para "reducir el déficit conjunto de las administraciones públicas de forma que en 2013 se sitúe en el 3 por ciento del PIB", en línea con el Pacto de Estabilidad de la UE y los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.
Así, el Gobierno prevé que el déficit público se sitúe en el 9,5 por ciento del PIB en 2009, incluyendo un déficit del 1,5 por ciento en las comunidades autónomas, y una deuda pública del 53 por ciento que, en todo caso, "sigue siendo inferior a la media de la zona euro", recalcó el Ejecutivo.
Reclama el compromiso de que las CCAA adoptarán medidas de austeridad, eficiencia y transparencia en el gasto público -con el fin de reducir el déficit- y propone crear dos grupos de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si sale adelante la propuesta, uno de los grupos elaborará un "acuerdo marco que permita el seguimiento de las actuaciones destinadas a reducir el déficit".
Las CCAA en los consejos de ministros informales
El Gobierno ha planteado a los presidentes autonómicos su intención de promover la participación de representantes de las CCAA en los Consejos de Ministros informales a celebrar en España durante el primer semestre de 2010.
Esta representación sería en los mismos términos en los que ya se procede en los Consejos de Ministros Formales, en las cuatro formaciones en las que actualmente es posible (Agricultura y Pesca; Medio Ambiente; Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo; y Educación, Juventud y Cultura), así como en los temas de Consumo que se traten en el Consejo de Competitividad.
Asimismo, la declaración expresa el compromiso de la Conferencia de Presidentes y de todas las administraciones en la participación y colaboración "activas" con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010.
En esta línea, el Gobierno pretende que la Conferencia apoye las prioridades definidas para dicha presidencia: la salida de la crisis mediante la recuperación económica y la creación de empleo de calidad a través de una estrategia de crecimiento "basada en la profundización de la educación y de la innovación, así como en la lucha contra el cambio climático".
Otras prioridades abogan por el desarrollo y aplicación del Tratado de Lisboa; la expansión de los derechos de los ciudadanos europeos, en particular "la igualdad entre el hombre y la mujer"; y por una política exterior común europea fundada "en la paz, la no proliferación nuclear, la seguridad frente al crimen organizado, la consecución de los Objetivos del Milenio y el progreso en los derechos humanos como conquista irrenunciable e irreversible de las civilizaciones".
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