¿Puede el Rey proponer un pacto de Estado?

Las fechas transcurridas entre la reunión de Davos y la irónica celebración del día de los enamorados no han resultado muy felices para el gobierno de Zapatero. Una imprevisible alteración y nerviosismo se apoderó de la opinión pública al caer en la cuenta de que la gravedad de la situación económica nos obligará a todos los ciudadanos a realizar esfuerzos económicos tan intensos como injustos. Al final seremos los trabajadores, las clases medias urbanas, los funcionarios y los que vinieron a nuestro país a buscar un futuro  mejor, lo que pagaremos la crisis y soportaremos las consecuencias del  comportamiento de los grandes especuladores de las finanzas internacionales. El capitalismo real, brutal, sin normas, se ha impuesto  y carecemos de una izquierda capaz de defender los intereses de la mayoría en nuestras democráticas sociedades europeas. Lejos e incumplidas quedan las reformas prometidas en las cumbres del G-20 de Washington y Londres.

    Las preguntas que nos hacemos todos responden a una lógica aplastante. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Qué intensidad tiene la crisis? ¿Cuánto durará? ¿Qué sacrificios nos pedirán? ¿Podré mantener mi empleo en caso de que ahora disponga de uno? ¿Cuándo podré volver e trabajar? Esas preguntas tienen un destinatario. Y siempre es el mismo en cualquier país del mundo: el Gobierno. Sabemos que no dependen de los ejecutivos toda la carga de la prueba ni toda la responsabilidad de lo ocurrido. Incluso hemos dicho muchas veces que los gobiernos de los actuales Estados-nación resultan enanos políticos y económicos frente a la potencia arrolladora de las grandes fuerzas de la globalización, de los mercados financieros mundiales y de los grupos especuladores cuyas prácticas desestabilizan monedas, Estados y gobiernos en un par de tardes. Pero no es fácil explicarle tal circunstancia al ciudadano que se ha quedado sin trabajo y cuya pensión peligra o se ve recortada.

Confrontación partidaria

    Es comprensible el agobio de los gobiernos en tales circunstancias y la aparición de iniciativas como la formulación de grandes acuerdos sociales y políticos que ayuden a serenar los ánimos. Que permitan distribuir con equidad los esfuerzos y las penalidades de la realidad diaria y que nos sirvan para buscar colectivamente el camino para superar una depresión como la actual. Los ciudadanos no se equivocan cuando invocan a los partidos políticos, a los sindicatos y a los empresarios para que indaguen juntos salidas y soluciones. No se trata de una visión taumatúrgica de la vida política. Intuyen que existe un bien general que es preciso proteger y que resulta previo a la lógica confrontación partidaria. Y tienen razón. Los Pactos de la Moncloa, irrepetibles por las circunstancias en las que se firmaron, gozan de un inmenso prestigio social y político por la capacidad que demostraron aquellos responsables políticos de situar los intereses generales por encima de cualquier consideración parcial aunque legítima. En consecuencia, no es extraño que ahora surjan voces que proponen fórmulas similares. Y con fundamento político porque la sensación de bloqueo es creciente. Creo que uno de los errores de Zapatero consistió en rechazar, tras las elecciones generales de 2008, las sugerencias que alertaban desde el interior del PSOE sobre la intensidad de la crisis y la posibilidad de buscar fórmulas de entendimiento para hacer frente a la situación. La llamada geometría variable en el Parlamento resulta inviable, o muy compleja, en estas circunstancias. ¿Estaremos así dos años?

    Todo indica que la preocupación y los nervios por la coyuntura llegaron hasta la Zarzuela. No sabemos, hasta el momento, como surgió la idea de que el Rey estaría sugiriendo, proponiendo, estimulando o sondeando la posibilidad de acercar posiciones entre las fuerzas políticas y sociales en relación con la crisis. Si sabemos, por imperativo constitucional, que el Rey no habrá tomado ninguna iniciativa sin informar al presidente del Gobierno. También sabemos que desde la Zarzuela se mantienen contactos habituales con líderes políticos, sociales, personalidades de la cultura o empresarios, para conocer opiniones en relación con la marcha del Estado. Lo sorprendente es que en ésta ocasión se produjo una nota oficial en relación con la reunión mantenida por el Rey con los líderes sindicales tras pronunciarse públicamente sobre la conveniencia de buscar acuerdos y unidad frente a la recesión.

    Inmediatamente se han multiplicado las interpretaciones sobre lo ocurrido. ¿Puede el Rey asumir tal responsabilidad? Aquí es preciso caminar con cautela, con la misma cautela que el Rey ha demostrado siempre en la comprensión de las facultades que la Constitución le otorga y le exige. Por ello, el verbo que utilicemos tiene importancia.

    El artículo 56.1 de la Constitución motivó debates intensos y repletos de interés en el trámite constitucional. Y ninguna palabra es caprichosa. “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones,…”. La clave reside en la interpretación de los términos “arbitra” y “modera”, que hemos de considerar relacionados con el artículo 1.3 del texto constitucional al definir la forma política del “Estado español” como “Monarquía parlamentaria”. Es decir, el Rey tiene sus competencias tasadas y el centro de poder del Estado reside en el Parlamento.

¿Qué quiere decir “arbitra y modera”? ¿Cuáles son sus límites? En el debate constitucional no quedó muy clara la cuestión. Y su trascendencia no resulta menor porque podríamos encontrarnos con una posible desviación del régimen parlamentario. Sin embargo se alcanzó un consenso sobre lo que no significa. El Rey no puede adoptar ninguna iniciativa o sugerencia política. Si consultamos el Diccionario de la Real Academia tampoco encontramos una solución satisfactoria de los dos verbos citados en sus diversas  acepciones. El Rey no es un árbitro entre los partidos políticos, ni puede “decidir o resolver”, ni tampoco adoptar una decisión o arbitrar una resolución.  Tampoco el verbo “moderar” resulta muy apropiado para lo que el constituyente quería establecer. La doctrina mas consolidada interpreta que le cabe el Rey expresar su opinión de forma reservada, evitar cualquier propuesta, confiar en su buen criterio y mantener de forma ordinaria la consulta con el Gobierno en lo relativo a  sus pronunciamientos públicos acercándonos a la fórmula británica de acuerdo con el aforismo de que “El Rey, reina, pero no gobierna”. Pero lo límites no están claros.

Enrique Curiel
Profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid

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