Los sindicatos y la Junta no suscribieron el acuerdo de transposición a Andalucía del acuerdo nacional sobre el empleado público, puesto que, según los sindicatos "la Junta no ha cumplido lo prometido y ha cambiado lo inicialmente preacordado la semana pasada", según indicaron a Europa Press fuentes sindicales.
Así, CSIF Andalucía aseguró que se ha negado hoy a firmar el acuerdo de la Mesa General del Empleado Público de la Junta de Andalucía "porque por sorpresa en el último momento la Consejería de Justicia y Administración Pública ha decidido introducir una serie de cambios con los que además de modificar sustancialmente lo preacordado coloca a los empleados públicos andaluces en una posición de inferioridad con respecto al resto de los funcionarios españoles".
Recordó que en la reunión del día 19 de febrero "se llegó a la firma de un preacuerdo entre las partes, la Consejería de Justicia y Administración Pública y los tres sindicatos más representativos de la Administración Autonómica, esto es, CCOO, UGT y el propio CSIF, donde coincidieron en que aquel era el texto consensuado y no estaría sujeto a posteriores modificaciones sustanciales que afectasen al fondo".
Para CSIF, "no es serio que con una reunión convocada para hoy en la que se iba a ratificar ese preacuerdo firmado, la Consejería horas antes envíe un documento distinto y que rebaja lo ya acordado, dinamitando su espíritu de transposición". Precisó que aunque para esta sindicato, lo preacordado "no era el acuerdo ideal, pero hemos sido sensible a la actual coyuntura económica y hemos hecho grandes esfuerzos en la negociación para que el acuerdo saliera adelante".
"CSIF es ante todo una organización sería, que mantiene aquello que se ha pactado, manteniendo lo que firma, por eso en ningún caso va a aceptar presiones para firmar precipitadamente cuestiones que no estaban recogidas en el preacuerdo", aseveró la central, que precisó que, "ante el despropósito vivido hoy provocado por la Junta de Andalucía", ha pedido en dicha reunión la dimisión del viceconsejero de Justicia y Administración Pública, José Antonio Ortiz Mallol, negociador y firmante del acuerdo "que ahora no se ha podido ratificar por su culpa".
Advirtió asimismo, de que "de ahora en adelante CSIF valorará muy detenidamente el sentarse a negociar con otro interlocutor que no sea la propia consejera Begoña Álvarez, ya que sus negociadores han hecho el ridículo quedando desautorizados y deslegitimados con esta actuación".
NO CUMPLIR LA PETICIÓN DE FONDO DE PENSIONES
Por su parte, fuentes de FSAP CCOO-A lamentaron a Europa Press también que no se haya podido firmar el acuerdo "porque la Administración no ha querido suscribir lo que teníamos acordado en algunos puntos, especialmente en materia de retribuciones, al no permitir la puesta en marcha de un plan de pensiones previsto para complementar las retribuciones".
Para CCOO la reunión de hoy ha sido "decepcionante", puesto que "tenemos un preacuerdo y se ha presentado otra cosa, se le ha dado otro giro y otro espíritu".
Las fuentes explicaron que "no se han roto las negociaciones, aunque por los pelos, y hemos quedado en seguir hablando".
POSTURA DE LA JUNTA
Por su parte, la Consejería de Justicia y Administración Pública emitió un comunicado donde apuntó que la Junta y las organizaciones sindicales "continuarán trabajando conjuntamente para alcanzar el mejor acuerdo posible en materia de función pública que se adapte a las necesidades de los trabajadores al servicio de la administración así como a la actual coyuntura social y económica".
En dicha nota, la Junta aseguró que se ha comprometido a "mantener una subida salarial del 0,3 por ciento para los empleados públicos para el presente año 2010", un incremento que, según el Gobierno andaluz, "se mantiene en la línea del Acuerdo Para la Función Pública en el Marco del Diálogo Social 2010-2012, alcanzado en Madrid entre el Estado y los sindicatos nacionales en el que se disponen las retribuciones del personal al servicio de la función pública".
A partir de este primer punto de encuentro, la Consejería de Justicia y Administración Pública mostró su interés por seguir trabajando conjuntamente con las organizaciones sindicales "para garantizar el mejor acuerdo posible para la función pública".
En este sentido, el departamento que dirige Begoña Álvarez confía en "alcanzar un consenso marcado por la austeridad que en estos momentos de crisis socioeconómica se pide a las comunidades autónomas".
Así, Álvarez alude a la "responsabilidad y cautela" que se exige a los representantes políticos y sindicales para "alcanzar un entendimiento que garantice el poder adquisitivo de los empleados públicos a la par que se adecue a las dificultades del momento económico actual".
Los sindicatos esperaban en la reunión de la mesa general de hoy ratificar el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada sobre la transposición el acuerdo nacional a Andalucía, que incluye las retribuciones del personal al servicio de la administración pública, además de incluir la oferta de empleo público para 2010.
Fuentes sindicales recordaron hace varios días a Europa Press que la subida prevista en Madrid para 2010 es del 0,3 por ciento, al que se suma una subida diferida del 0,3 por ciento para un fondo de pensiones dirigido a los empleados públicos del Estado, algo que esperan que se aplique también en Andalucía, de forma, que, según precisaron, "existe un compromiso para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo mediante la cláusula de revisión salarial".
Durante la reunión mantenida el 19 de febrero, la Junta y las organizaciones sindicales cerraron un principio de acuerdo que será formalizado en la próxima reunión de la mesa general de negociación.
Este acuerdo, entre otros aspectos, contempla la apuesta por medidas de impulso y modernización de los servicios públicos, la tramitación de Ley del Empleo Público de Andalucía, las retribuciones del personal al servicio de la administración pública, la reducción de la temporalidad y las políticas de igualdad de género.
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