En este contexto, la imputada, que aún permanece respondiendo a preguntas del titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, negó asimismo que en 2004 entregase 300.000 euros en efectivo al entonces vicepresidente insular, Miquel Nadal, para la adquisición del 50 por ciento de Vídeo U, según informaron fuentes jurídicas, en contra de lo declarado ante el juez por Nadal, el presunto testaferro de éste, Miquel Sard, y tres directivos de la productora.
Durante su deposición, que se prevé que se prolongue varias horas más, cargó responsabilidades contra Nadal, quien precisamente la involucró el mes pasado en la comparecencia que efectuó ante el magistrado y en la que aseguró que la ex presidenta le dio el dinero en efectivo en su coche oficial.
Tal y como apuntaron las mismas fuentes, previsiblemente la Fiscalía pedirá medidas cautelares contra ella a tenor de la declaración que está efectuando, al darse la circunstancia de que tras haber renunciado a la presidencia del Parlamento y a su acta de diputada inmediatamente después de la confesión arrojada por Nadal ante el juez, la imputada ha perdido la condición de aforada y de este modo el magistrado podrá, en caso de que así lo soliciten las acusaciones, decretar estas medidas, que podrían ir desde la retirada de su pasaporte a prisión bajo fianza.
Los cinco encausados que la han implicado en este caso de presunta corrupción apuntaron a otro de los inculpados en el caso, Víctor García, como el presunto testaferro del que se sirvió Munar para hacerse con una cuarta parte de las acciones de la empresa audiovisual, y a Miquel Sard como la persona que utilizó Nadal para adquirir el otro 25 por ciento. Contra la palabra de los cinco imputados -Nadal, tres gestores de Vídeo U y Sard- se alzó la de García quien, incurriendo en numerosas contradicciones, negó en su deposición haber actuado en nombre de la ex presidenta 'uemita' y afirmó por el contrario haberlo hecho en representación de Nadal.
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