Según la Procuraduría,
Sánchez decidió no contar con los servicios de una empresa llamada Sigma que cobraba 25 mil millones (más de 12 millones de dólares) y otorgarle el contrato a UNE por el valor de 75 mil millones (más de 37 millones de dólares).
Ante tal irregularidad, el ministerio Público le remitió al Registrador una carta en la que solicita las correspondientes explicaciones. Ésta denuncia de elevados costos de contratación, deja sin piso el argumento de
Sánchez según el cual, las fallas en el software de recolección de datos, necesario para el conteo de los votos y que es la causa de la crisis post – electoral que vive el país, se debían principalmente a la reducción por parte del Gobierno de los recursos solicitados para la organización de la jornada electoral.
En un comunicado emitido por la Registraduría General,
Sánchez expresó que su organismo solicitó al Gobierno 454669 millones de pesos (228 millones de dólares aproximadamente), y le fueron entregados apenas 270688 millones (136 millones de dólares aproximadamente).
Ante esta declaración del Registrador, el ministro de Hacienda
Óscar Iván Zuluaga, en representación del Gobierno Nacional, manifestó de manera enfática que las dificultades por las que ha atravesado la Registraduría Nacional del Estado Civil para proporcionar de manera oportuna la información sobre los resultados el proceso electoral celebrado el pasado 14 de marzo, no pueden atribuirse de manera alguna a problemas de tipo presupuestal o financiero.
Zuluaga aseguró que a pesar de las limitaciones fiscales y de las dificultades por las que atraviesan las finanzas públicas, como consecuencia de la crisis económica, el ministerio de Hacienda, en los presupuestos de las dos últimas vigencias fiscales, ha asignado recursos suficientes para financiar la realización del proceso electoral de 2010.
El ministro indicó que esta cifra total presenta un incremento real del 57%, incluyendo los recursos de un posible referendo, 135 mil millones de pesos. Sin incluir este valor, el crecimiento real es del 23%.
Aclara el Gobierno que en ningún momento
"ha menoscabado la gestión de la Registraduría con la asignación de los recursos, toda vez que ha mantenido en términos reales las asignaciones realizadas en años anteriores a procesos electorales similares que se realizaron de manera exitosa”.
Por último, el jefe de la cartera de Hacienda, asegura que le causa extrañeza que
Sánchez aduzca falta de recursos en la programación de elecciones cuando él mismo propuso generar ahorros de los recursos programados para financiar una propuesta de incremento salarial para los funcionaros de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Por su parte,
Sánchez aseguró que, bajo su cargo, la Registraduría está en la capacidad de llevar a feliz término las elecciones presidenciales del 30 de mayo, pues en este caso, la compañía de UNE EPM Telecomunicaciones y el organizador han adoptado los correctivos pertinentes para garantizar que fallas como las registradas no vuelvan a presentarse en el futuro.
Las medidas consisten, en primer lugar, en la aceptación de las cesiones de los contratos por parte de los respectivos proveedores, en los componentes que registraron fallas durante el proceso.
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