La oligarquía judicial

No lo dijo el gobierno, ni los “alfiles K”, como les llama con desgano la corporación mediática a los que defienden el proceso político y social en marcha, tanto en el Congreso, la CGT o el propio Consejo de la Magistratura. Fue el mismo Ricardo Recondo, titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, quien se refirió a la “caja de Pandora” que está abriéndose en el Poder Judicial.

El secretario general de los Señorías, sin embargo, usaba una carga exactamente inversa a la que, no ya el gobierno ni sus patrocinantes, sino la entera sociedad, le da a esa incipiente oxigenación del Poder Judicial que empieza a darse en estos años.

Recondo lo dijo con evidente temor corporativo. El pueblo, todo lo contrario. Innegablemente, al Partido Judicial le inquieta el aire fresco que ha empezado a levantarse en la política argentina y que sopla su furia creciente contra las ventanas del Palacio de Tribunales. Temen que esos nuevos vientos de época empiecen, antes de traducirse en un profundo cambio institucional, por destapar las gruesas ollas donde los jueces afines al poder económico guisaban lentamente la trama judicial que dio amparo y legalidad al modelo neoliberal aplicado en el país durante los últimos treinta y pico de años.

El elitismo judicial desespera ante la posibilidad de que una especie de Ley de Medios, pero para la Justicia, imponga límites a sus privilegios de casta, y legisle democráticamente sus atribuciones.

Lo primero que surge, entonces, es ese secreto de sus ojos que tan bien guardado, escondido bajo siete llaves, mantenían los jueces: la complicidad absoluta de –nos enteramos ahora– cada vez más altos funcionarios judiciales con el genocidio.

No era Bisordi solamente el enemigo Nº 1 de Néstor Kirchner, como llegó al extremo de decir alguna vez el juez que renunció para zafar del juicio político y cobrar su jugoso 82 por ciento móvil, ahora convertido en abogado defensor de genocidas. Notoriamente, la complicidad con la dictadura no era sólo ideológica, lo cual ya significaba bastante. De a poco, empiezan a surgir evidencias de las graves vinculaciones de varios agentes del Poder Judicial con el Terrorismo de Estado. Esas huellas son, en algunos casos, espesas pruebas. Manifiestas. Visibles, que podrían tener carácter probatorio en una instancia penal.

Los hay desde simples, “angelicales”, Peritos oficiales que ahora se ha descubierto que servían al aparato de inteligencia de la dictadura, hasta actuales magistrados sospechados de haber entregado hijos de desaparecidos a los que les falseaban el origen y la identidad, blanqueado adopciones que en verdad fueron apropiaciones ilegales de bebés, arrancados a desamparadas madres torturadas y luego desaparecidas para siempre.

A todos ellos, por el solo hecho de formar parte de la familial judicial, que a los trabajadores de tribunales no nos comprende, ni de la que queremos sentirnos integrantes, son a su turno defendidos corporativamente por aquella Asociación de Magistrados. Esa entidad profesional es la misma que tanto despotrica estos días, a la manera de una señora gorda, contra el gobierno nacional, en virtud –se justifica– de la “independencia judicial” y la “división de poderes”, esos mitos a los que echa mano recurrentemente para disimular la dependencia de varios de sus miembros con el poder económico y sus lazos de sangre con los Generales de División que les dieron poder al ponerlos en funciones.

Sólo así se explica tanto letargo, tanto fastidio, tanto incomodo por parte de los jueces que deben investigarlas, en la tramitación de las causas por delitos de lesa humanidad. Sólo así se entiende por qué aún hoy no sabemos cuál es la identidad de los hijos “adoptivos” de la señora de Noble.

Del mismo modo, así también se comprende el por qué de la tanta inquina de la corporación judicial, con la propuesta oficial de evaluar periódicamente a los jueces respecto de su idoneidad en el ejercicio de sus funciones.

Si los políticos, ya sean ellos diputados, senadores, intendentes, concejales, o Presidentes de la Nación, deben revalidad sus cargos en elecciones abiertas, libres, en las que el pueblo, donde reside la soberanía política, se expresa, ¿por qué no habrían de hacerlo igualmente los jueces? ¿No son los Señorías, acaso, quienes deben velar por la igualdad de todos los ciudadanos ante las prescripciones de la ley?

¿No es, por ende, ese mismo pueblo el que los ha puesto en funciones, a través del acuerdo que sus representantes en el Senado, previa propuesta del Poder Ejecutivo democráticamente elegido, les prestaron algún día a sus cargos? ¿No es, entonces y ante todo, al pueblo a quien deben rendirle explicaciones?

Un ciudadano, cualquiera, puede reunir las condiciones y ser considerado apto para ser nombrado juez, pero eso no quiere decir que al momento de cumplir sus facultades constitucionales demuestre la misma aptitud. Las pruebas hablan por sí solas. ¿Cuántos Señorías no pasarían siquiera un examen de redacción y ortografía? Por cada aspirante a ser ascendido en la estructura piramidal de la Justicia argentina, descubierto con una copia del examen que le tomaba el Consejo de la Magistratura para decidir su promoción, ¿cuántos habrá que no fueron desenmascarados?

No lo sabemos, como tampoco sabe la sociedad argentina que muchas de las sentencias judiciales que a diario inciden en su concreta coyuntura, son escritas por los empleados de más alto rango de los juzgados, encargadas por los jueces para disimular sus limitaciones narrativas y de las otras, o bien para extender sin límite sus partidos de polo o golf, que juegan despreocupadamente en los countries último modelo donde viven. ¿Se lo dirán los jueces alguna vez?

Un magistrado que desconoce olímpicamente las condiciones en las que vive la mayoría del pueblo que luego demandará justicia, o será objeto de ella en sus investigaciones, mal puede interpretar la ley cuando el justiciado pertenece al segmento social más desprotegido. La base material determina la conciencia social, siempre.

¿Puede cabalmente un juez bien regado por prerrogativas institucionales y privilegios de todo tipo y calibre, comprender el drama humano y su consecuencia legal, de quienes se encuentran más debajo de todo en la estructura social, para juzgarlo luego con verdadero rigor y objetiva imparcialidad?

Qué distinta será la sociedad de la justicia plena, social y judicial, con los derechos humanos, todos ellos, amparados, a resguardo de los potentados económicos. Cuando sea, también los jueces andarán entre nosotros. Conoceremos sus rostros. Entenderemos el contenido de sus fallos. Se habrán hecho de abajo. Como cualquiera.

Julio Piumato
Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación