Gobierno no permitirá alteración del orden público

Así lo advirtió el ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Jalkh, quien afirmó que el Gobierno garantiza el derecho a la libre expresión y movilización de los grupos indígenas, pero que no tolerará el cierre de carreteras o la ocupación de instituciones públicas.

"Estos son delitos que deben ser sancionados por la Ley y prevenidos por la fuerza pública, así que la policía nacional tomará las medidas del caso para evitar la comisión de delitos como es el cierre de carreteras o la toma de entidades públicas, que no son mecanismos legales para la expresión de ideas", dijo Jalkh.

No obstante, en declaraciones a la agencia pública de noticias Andes, el ministro insistió en que toda manifestación pacífica tendrá las garantías constitucionalmente establecidas.

"La Constitución establece el derecho a la expresión, a la oposición, a la exposición de ideas, pero de ninguna manera permite la comisión de delitos que atentan contra los derechos de libre tránsito, protección de la propiedad pública y privada", dijo.

"La fuerza pública tendrá que tomar las medidas preventivas y la Función judicial, en su momento, las medidas sancionatorias que correspondan", en caso de que en las eventuales protestas se cometan acciones que alteren el orden público, remarcó Jalkh.

El pasado jueves Delfín Tenesaca, presidente de Ecuarunari, la filial de la sierra andina y la más fuerte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), convocó a las bases de su movimiento a la desobediencia civil y otras acciones, por considerar que el proyecto de Ley de Aguas es lesivo para el país.

"Nosotros vamos a la desobediencia civil y la resistencia", dijo entonces Tenesaca, al criticar el manejo que el movimiento oficialista Alianza País (AP), con mayoría en la Asamblea Nacional legislativa, ha dado a la Ley de Recursos Hídricos o del Agua.

Según Tenesaca, el proyecto del Ejecutivo permite la privatización del agua y privilegia el uso de ese recurso por parte de grandes empresas, sobre todo mineras, en detrimento de las comunidades campesinas.

Además, el líder indígena rechazó una supuesta manipulación por parte del partido de Gobierno en las comunidades indígenas, con la entrega de bonos y "regalos", para persuadir a los campesinos a que no se sumen a la convocatoria de la Conaie.

"Nuestras comunidades desarrollan asambleas para tomar estrategias a fin de que ningún movimiento manipule, peor (el partido oficialista) Alianza País, y con regalos y bonos encubra lo que está sucediendo" en torno a la Ley de Aguas, agregó.

La Conaie, una antigua aliada del Gobierno, también ha convocado a un "levantamiento" en todo el país, aunque no ha precisado fechas, y ha cerrado, de momento, toda posibilidad de diálogo con el Ejecutivo que, por su parte, ha negado tajantemente que su proyecto de Recursos Hídricos permita la privatización del agua.