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Lo de Alicante, lamentable espectáculo

Sigue el 'culebrón': el juez no ordenó la detención del 'popular' Ripoll, sino que fue la Policía, por su cuenta

La tormenta desatada en Alicante a raíz de la detención y posterior puesta en libertad del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, sigue levantando ampollas. Tras una jornada de vorágine informativa en la que se realizaron registros tanto en la institución provincial como en la vivienda del dirigente popular, Ripoll convocó este miércoles a la prensa para relatar los detalles de los acontecimientos acaecidos. Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) afirmó que ningún juez ha ordenado la detención de Ripoll ni su citación judicial.

El dirigente popular citó a los medios de comunicación a las 12.00 horas en la sala de prensa del Palacio Provincial. Allí explicó que este martes, cuando ya se encontraba en su domicilio, habló con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y con el jefe del Ejecutivo valenciano, Francisco Camps, que le trasladaron "todo su ánimo".

Ripoll, en una breve comparecencia ante los medios de comunicación, no quiso adelantar ningún detalle ni desvelar los cargos que se le imputan. Sí aclaró que comparecerá este jueves ante el juez y también que en el registro practicado en su domicilio particular no fue hallada cantidad alguna de dinero en metálico. Asimismo, afirmó no saber de que se le acusa ni si pesa alguna imputación sobre él.

Preguntado por los medios sobre si fue detenido, ha asegurado que "en el momento que se producen los registros" en su domicilio y en la Diputación se le comunicó "que estaba detenido". Ripoll, interrogado por los medios sobre si tenía conocimiento previo de que se iba a desarrollar una operación policial, señaló: "me cogieron a las 8.00 de la mañana en pijama en mi casa".

El Tribunal Superior Valenciano de Justicia remarcó en su comunicado que "se debe remarcar que NO existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna. Del mismo modo, no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial".

Y ahí está la noticia, puesto que la Policía afirmaba lo siguiente en la nota que envió a los medios de comunicación, y que tiene en sus manos Diariocrítico: "Policía Nacional detiene a once personas en una operación contra la corrupción". ¿Por qué arrestó a 11 personas, entre ellas a Ripoll, si el juez no lo pidió?.


Cédula de citación

"Se presentó en mi domicilio una unidad de policía, se identificó correctamente, con un secretario judicial; los atendí y los acompañé, e hice todo aquello que me dijeron, y después cuando se me hicieron una serie de preguntas y las contesté, se me dio una cédula de citación", afirmó Ripoll.

Tras referirse al documento entregado por la policía, José Joaquín Ripoll leyó el contenido de la citación judicial referida a su persona, que dice que "en virtud de lo acordado por el juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, antiguo mixto 3, en el procedimiento de diligencias previas 651/07, por la presente se le comunica que deberá personarse el día 8 de julio de 2010, a las 14.00 horas en la referida sede judicial, sita en la plaza Santa Lucía s/n, para ser citado en declaración".

Por otra parte, Ripoll preguntado sobre si ha quedado en libertad con cargos o sin cargos tras su detención ayer, y en este sentido se ha remitido al contenido de la citación y ha añadido que él es "arquitecto en excedencia" y que a él "nadie", le ha dicho "los hechos de los que se le acusan".


Registro policial

El presidente de la Diputación se refirió, además, a los registros realizados por la Policía en su domicilio y en la institución provincial para decir que en su casa "se requisaron una serie de documentos de ámbito doméstico".

Asimismo, Ripoll apuntó que luego, en el registro que se produjo en las dependencias de la Diputación Provincial, en su despacho y en el de su secretaria, "se requisaron un número muy reducido de documentos, de ámbito oficial", a lo que añadió que "en ninguno de los dos registros se incautó cantidad de dinero alguna".

La prensa le cuestionó sobre si había cometido algún delito en relación a este plan zonal, a lo que Ripoll ha afirmado: "usted no me pregunta si tengo el pelo rizado, y yo tengo el pelo rizado", y "yo no le pregunto si usted es honrado o no".

Aclaración del TSJCV

Pero la polémica no acaba ahí. La situación esperpéntica fue más allá tras conocerse un comunicado aclaratorio del TSJCV. El tribunal valenciano aseguró que el juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela no ha ordenado la detención del presidente de la Diputación de Alicante y añadió que tampoco ha acordado su citación judicial ni su imputación.

"Se debe remarcar que no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna. Del mismo modo, no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial", reza textualmente en el comunicado del TSJV.

La operación policial llevada a cabo en el Ayuntamiento de Orihuela el martes, ordenada por la Fiscalía Anticorrupción, se saldó con un total de 19 registros efectuados y la detención de 11 personas, que deberán comparecer en los próximos días ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, encargado del caso, según ha informado en un comunicado la Policía.

El TSJCV ante las actuaciones realizadas por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales, del Cuerpo Nacional de Policía, conjuntamente con la Delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Alicante, el Juzgado de Primera Instancia número 3 (antiguo mixto 3) de Orihuela señaló que este último "no tiene prevista ninguna actuación ni toma de declaración que guarden relación con estas diligencias durante este miércoles".

Asimismo añade que "no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna". Del mismo modo, señala que "no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial".

Explica que las Diligencias Previas 851/07 se hallan todavía bajo secreto sumarial y subraya que "desde su incoación en el mes de marzo de 2007 la Instrucción ha sido asumida por varios jueces, tanto titulares como sustitutos, de forma permanente u ocasional. El actual magistrado asumió la causa tras su incorporación al Juzgado a finales del mes de febrero del presente año 2010, por lo que la causa contaba ya con casi tres años naturales de investigación bajo secreto decretado por otros instructores".

Investigación

La Fiscalía Anticorrupción dirige esta investigación en torno a la adjudicación del llamado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero de 2008.

Esta decisión se produjo por unanimidad de los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz.

A los arrestados, se les imputan, según los casos, los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento y la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones, según fuentes policiales.

Fuentes policiales indicaron que se mantienen los cargos contra todos los arrestados, entre los que -además de Ripoll- se encuentran tres concejales y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

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