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La Policía ordenó la detención de Ripoll en un caos de caso con puntos oscuros

Interior asegura que las detenciones de Alicante se produjeron de forma "legal"

> Comunicado del TSJCV: "No existe resolución judicial, independientemente de que la Policía pueda practicar una detención"

La detención del presidente de la Diputación de Alicante, el 'popular' José Joaquín Ripoll, se está convirtiendo en un escándalo: no había orden judicial de detención ni de citación para los implicados, pero la Policía tomó la iniciativa y envió una nota informativa en la que daba por "imputados" a los once detenidos el martes "en una operación contra la corrupción". Sin embargo, aquí no está todo tan claro. El PP tildó de "montaje" la operación y aseguró que con Rubalcaba al frente de este Ministerio "están en riesgo" las garantías de los derechos fundamentales, algo que desde Interior se ha contestado asegurando que las detenciones han sido absolutamente "legales". A este respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha salido a aclarar un par de detalles: "No existe resolución judicial, independientemente de que la Policía pueda practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno".

El titular del juzgado de primera instancia número de 3 de Orihuela ha sido informado "verbalmente, aunque no de manera oficial", de las comparecencias previstas para el jueves de algunas de las personas que fueron detenidas en el marco de la operación lanzada por la Fiscalía Anticorrupción en Alicante, entre ellas el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll.

Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ha asegurado en un comunicado --hecho público ante la "confusión suscitada por la citación para comparecer en este juzgado de varias personas", explica el organismo-- que al término de la mañana de este martes el juzgado "no disponía de ninguna comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación, ni de su posterior puesta en libertad, ni de las fechas en las que hubieran sido emplazadas para comparecer en el Juzgado".

La fuente añade que con anterioridad a la operación únicamente se recibió consulta sobre horarios y disponibilidad del órgano judicial y, una vez concluida la mañana, "el Juzgado no tenía constancia oficial de comparecencia alguna prevista para mañana o próximos días en relación a las Diligencias Previas 851/07, excepto lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación". Sin embargo, puntualiza, "a media tarde, el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto".

Asimismo, explica que el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela autorizó las entradas y registros practicados ayer como consecuencia de las correspondientes peticiones formuladas por parte de la Policía. Las resoluciones adoptadas fueron notificadas a los interesados "en tiempo y forma", recalca.

El comunicado del TSJCV reitera que "no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna persona, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial". Por tanto, precisa, "no existe cédula de citación alguna expedida por la oficina judicial, es decir firmada por el juez o el secretario, ni entregada por personal del juzgado, sino que la citación aludida obedecería, en todo caso, a la fuerza instructora del atestado policial".

"Potestad" de la Policía

En este punto, explica que la Policía "tiene potestad para citar a las personas afectadas por sus investigaciones a las que no conduce de forma directa ante el juez, para que comparezcan en el órgano instructor y aclaren los extremos que se consideren oportunos".

Finalmente, insiste en que "no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna, independientemente de que la Policía pueda practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación".

El PP habla de atentado al Estado de Derecho

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado esta tarde que las detenciones que se han producido en Alicante responden a "una auténtica persecución" contra su partido "orquestada desde el Ministerio del Interior" y ha recalcado que al enmarcar en la legalidad esta forma de proceder "se estaría legitimando las detenciones preventivas al margen de controles judiciales, propias de las dictaduras".

De Cospedal ha afirmado que la detención de varios militantes del PP sin orden judicial en Alicante y Orihuela supone un "grave atentado" contra el propio Estado de Derecho y ha añadido que actuaciones de este tipo "vulneran la Constitución y atacan la propia esencia de la democracia".

Además, ha manifestado que cuando el Ministerio de Interior señala que la operación es legal y se enmarca en un proceder "habitual en este tipo de operativos", se estaría "legitimando las detenciones preventivas al margen de los controles judiciales, propias de las dictaduras".

De Cospedal ha añadido que el PP "hará todo lo que sea necesario para defender la Constitución y el Estado de Derecho y combatirá los excesos que el Poder Ejecutivo está realizando desde hace bastante tiempo, utilizando las instituciones para atacar políticamente a la oposición, a costa de los propios derechos fundamentales de las personas". Finalmente, se ha preguntado quién está dirigiendo el procedimiento si es cierto que el juez de Orihuela ha conocido esta tarde la citación que se había hecho en su nombre para que mañana declarara José Joaquín Ripoll. "Los procedimientos judiciales en España no se pueden dirigir desde el Ministerio del Interior", ha resaltado.



Puntos 'oscuros':

  • Primero: existían órdenes judiciales de registros
  • Segundo: no había órdenes judiciales de detención, ni de citación. La Policía tomó la iniciativa según el comunicado del TSJV , aunque el ministerio de Interior asegura que fueron legales las detenciones
  • Tercero: el comunicado emitido por la Policía decía que los once detenidos eran imputados. "Según los casos, se les imputan los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento"


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