La Coca Nostra

A estas alturas resulta risible recordar aquella escena en la que el ex Presidente Hugo Banzer anunciaba con gran pompa la consecución, dentro del pilar “Dignidad” de su programa de gobierno, de la meta “coca cero” en la región del Chapare. No se llegó a la declaratoria  oficial de “zona libre de plantaciones” del lugar, porque inmediatamente las fotos satelitales proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos mostraban áreas en las que aún se cultivaba la hoja en cuestión. Hay que decir, sin embargo, que ese fue el esfuerzo más próximo a la erradicación total de la coca ilegal que se hizo hasta la fecha. Desde entonces, la frontera cocalera no ha dejado de crecer y hoy, la coca –legal e ilegal- goza de un estatus de privilegio dado que el líder de los cocaleros es nada menos que Presidente de la República y debe a este sector su crecimiento como político.
 
Apenas se conocieron los resultados de la última elección, Evo Morales, sin siquiera esperar a asumir el gobierno, anunciaba el “entierro” de los planes de erradicación; al grito de causachun coca, el presidente electo declaraba: “Esta vez les garantizo: no habrá ‘coca cero’”. Y en efecto, una vez en el Palacio Quemado encargó la elaboración de un plan que se tradujo en la Estrategia de lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca que, a la luz de los resultados, parece hacer mayor hincapié en la segunda parte –lo que se puede apreciar, por ejemplo, en groseras desproporciones como la existencia de una “Comisión Coca” en la Asamblea Constituyente-.
 
Este tema es cada vez más complejo y su resolución sostenible no parece estar más cerca que otras veces que así lo parecía, pues cada enfoque nuevo trae consigo otro tipo de problemas. El actual nos podrá llevar a una explosión de la hoja verde  que ya comienza a degradar las tierras cultivables y a una nueva primavera del narcotráfico cuyas primeras señales se están comenzando a ver. La mama coca podría derivar en la coca nostra.
 
La mama coca
 
¿De qué estamos exactamente hablando cuando nos referimos al cultivo tradicional de coca? Sin necesidad de remontarnos a tiempos tan lejanos como aquellos en los que el Inca era el gran acaparador de la coca producida por sus súbditos, en los que su consumo era privativo de la nobleza –hoja ciertamente milenaria, pero elemento de discriminación y exclusión en esos días, podrá argumentarse- el arbusto de la Erythroxylon coca es propio los valles yungueños. Las crónicas republicanas le otorgan la calidad de referente cultural de los pobladores de dichas zonas, al grado de calificar a su producto, la hoja de coca, como la fuerza vital de la vida yungueña: “no hay, en los centros urbanos o el campo, autoridad, comerciante, propietario o labrador que no hable de ella y no esté siempre atento a sus cambios y probabilidades para iniciar cualquier actividad, sea un viaje, un juicio, un préstamo, un baile, etc. La coca fisonomiza la vida humana de la región y le confiere preferencia sobre otras características”, reza una de los años 40, la misma que establece la medida agraria con la que se trabajan los cultivos: el ya célebre cato.
 
Es pues correcto localizar a la mama coca –la destinada al uso alimenticio, medicinal, ritual y cultural en general- en tal región y su extensión, según la ley 1008 que se supone que sigue en vigencia –hasta donde se sabe no ha sido abrogada-, no debe exceder las 12.000 hás. Hoy por hoy, no obstante, tal frontera excede las 20.000 hás.
 
 Coca/cocaína
 
Ya en la década de los 50 se denunciaba la utilización del “oro verde de Los Yungas” en la elaboración del alcaloide con destino al narcotráfico; pequeños espacios periodísticos que no parecían dar mucha importancia al asunto. Como todos sabemos, el gran negocio comenzó a florecer a finales de los 70’s y se expandió descomunalmente –demanda mediante- durante los 80’s.

En Bolivia, este auge coincide con la adopción de la NPE que trae como efecto la extradición del proletariado minero de sus centros extractivos, llevando consigo toda su cultura sindical, a la región del Chapare, zona escogida por el narcotráfico para la producción y acopio de la materia prima para la fabricación de la droga de moda en Estados Unidos y Europa. El problema del narcotráfico se agudizó en la medida en que aumentaban los indicadores de desempleo en Bolivia. Se declaró la guerra contra la coca ilegal y los planes de interdicción se pusieron en marcha sobre la base del dinero y el asesoramiento del gobierno de los Estados Unidos.

A Colombia, Perú y Bolivia, los países andinos más golpeados por el narcotráfico, Estados Unidos les exigía resultados cada vez más efectivos; si era preciso con el uso de la presencia militar en las denominadas zonas rojas, donde debían desarrollarse acciones bélicas de baja intensidad.

En la práctica, la interdicción trajo consigo la militarización de la "guerra contra las drogas", en una lógica que consideraba que los resultados debían ser más baratos y eficaces. Pero esta visión, originada en Estados Unidos, creaba condiciones para un incremento de la presencia militar estadounidense en la subregión, con el riesgo de violar la soberanía de los estados y generar una dura resistencia de los productores de coca en las zonas de mayor riesgo.

Esta lógica fue impuesta en 1987, cuando Bolivia y Estados Unidos firmaron un acuerdo por el que los dos países se comprometieron a contribuir decididamente a la lucha contra el narcotráfico, el cual fue la señal que esperaba el país del norte para mantener su asistencia económica.
 
Han pasado veinte años desde entonces y paralelamente a la interdicción se fueron implementando incentivos para la disminución de cocales vinculados al narcotráfico: el desarrollo alternativo, el pago directo por abandono voluntario del cultivo de coca, el control de precursores; el propio ATPA, luego ATPDEA, como mecanismo de “premio” por la eficacia en la baja de plantaciones. Millones de dólares, que al final sólo han dejado caminos internos y helipuertos que el propio Presidente, con su poco sutil sentido del humor, se ha encargado de agradecer a los Estados Unidos. A todo esto, la ayuda norteamericana se ha ido reduciendo considerablemente.
 
La coca nostra
 
Y volvemos al presente: un Presidente cocalero (con película homónima y todo), una masa de cocaleros lista para actuar a sus órdenes, como se demostró en Cochabamba, un crecimiento incontrolable de los cultivos, muy preocupante en Los Yungas –un caso extremo: en Coripata se inauguró hace poco un estadio con césped artificial que, a decir de su alcalde (a manera de relevo de prueba) “lo hicimos así porque la coca ha degenerado el suelo”- y una ascendente producción de droga, que ya no busca necesariamente el mercado del norte o de Europa y que se “conforma” con llegar a Brasil, Argentina, Chile o, lo que es peor, se queda para el consumo de jóvenes bolivianos que la consiguen con relativa facilidad. El primer país en expresar su alarma ha sido Brasil y seguramente en su futura agenda bilateral con Bolivia no estará sólo el tema de los hidrocarburos, sino el de esta cuestión tan poco agradable.
 
Acorralado políticamente, el ex Presidente Carlos Mesa accedió –transó, sería más adecuado decir- a la posesión de un cato por familia cocalera en el Chapare “mientras se realice un estudio sobre la demanda de coca legal”. Ese fue el primer paso hacia el nuevo “boom” del narco; de dicho estudio, ni media palabra. Hay que reconocer en el Gobierno una tímida voluntad de solucionar el asunto “de a buenas” pero, vistas las cosas, ha perdido el control sobre este y no parece darse por enterado de la gravedad del problema en el mediano plazo.
 
Cuando hablamos de coca nostra, lo hacemos precisamente por su connotación mafiosa. De alguna manera, Bolivia se había ido sacudiendo del estigma de “país narco” que ocasionaba no pocas humillaciones a sus ciudadanos en los aeropuertos de exterior. La tristemente célebre época de los “barones de la cocaína” había quedado atrás.
 
Hoy, la incansable actividad de la FELCN da cuenta de incautaciones cada vez más cuantiosas que, sin embargo, sólo representarían el 25% de la droga producida. ¿Es ésta la “hoja sagrada”? ¿Qué destino tiene el otro 75%? ¿Qué piensa de todo esto el Gobierno? ¿Estamos a tiempo de evitar un desastre ecológico y de salud pública?

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Puka Reyesvilla
Periodista boliviano y analista político.