En una nota de prensa, el órgano de gobierno de los jueces españoles informó de que la iniciativa ha sido adoptada por su Comisión Permanente después de que otra comisión del Consejo, la de Relaciones Internacionales, haya expresado su preocupación por la detención de Afiuni "sin que se conozcan las razones de su detención al igual que sus condiciones de reclusión".
"El Consejo, desde una posición de pleno respeto a la soberanía nacional venezolana y a la independencia del poder judicial del país hermano, acuerda dirigirse al Tribunal Supremo de Venezuela interesándose por las razones y condiciones de tal detención, de modo que sean compatibles con los textos internacionales que garantizan la independencia judicial y los derechos humanos", añade la nota.
Afiuni se encuentra detenida desde el pasado 10 de diciembre, después de que la Fiscalía la acusara de haber puesto en libertad condicional de forma irregular ese mismo día al empresario Eligio Cedeño.
Este último estaba imputado por estafa por ayudar supuestamente a una firma local a obtener 27 millones de dólares de un organismo estatal para adquirir equipos informáticos que nunca llegaron al país.
Tras su puesta en libertad, Cedeño tenía la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, pero abandonó Venezuela y se trasladó a Estados Unidos.
Al día siguiente de la detención de la juez, el presidente venezolano, Hugo Chávez, pidió que Afiuni fuera condenada a la "pena máxima de 30 años", por considerar que "es una bandida" por haber dado la libertad al acusado como parte de su presunto plan de fuga.
Si (
No(
