La crisis, las dificultades para encontrar empleo y la asfixia de impuestos están provocando un aumento del nivel de la economía sumergida. Los datos oficiales lo confirman: la Seguridad Social perdió 131.858 afiliados en agosto, que son el doble del número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem). En paralelo, los impuestos pendientes de cobro superaron entre enero y julio los 11.000 millones, un 11,8% más que en el mismo periodo de 2009, según los últimos datos del Ministerio de Economía. ¿Dónde están los afiliados dados de baja en la Seguridad Social?
En el paro no. El desempleo subió en 61.083 personas en agosto, un 1,5% respecto a julio. ¿Dónde han ido entonces los cotizantes a la Seguridad Social que no se han registrado en las listas de los servicios de empleo y que duplican a los parados oficiales?
El Régimen General, donde cotizan la mayoría de trabajadores por cuenta ajena, perdió 104.951 empleados, hasta los 13.448.473, mientras que el resto hasta los 131,858 afiliados provienen del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), al que se afilian los trabajadores por cuenta propia, cayó el 2,36% en tasa interanual. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Autónomos (ATA) alerta de que ya se han perdido 35.000 autónomos con el empeoramiento de la crisis.
Pues al empleo 'sumergido'. Es vox populi en la calle, que los ciudadanos cobren desempleo y trabajen en negro, o que los autónomos eliminen el IVA en las facturas para no adelantarlo a Hacienda. Pero los datos oficiales dan fe de esta realidad. Los datos sobre empresas con cuentas en la cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social correspondientes al mes de julio revelan que el número total de empresas con trabajadores ascendía a 1.690.802, lo que supone que desde enero de 2008 se han perdido 110.058 empresas.
La economía sumergida en nuestro país aumentó en 25.000 millones entre 2000 y 2009, alcanzando actualmente los 245.000 millones, lo que representa el 23,3 por ciento del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, donde el índice de evasión ronda el 13 por ciento, según los datos facilitados por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha).
La autonomía que tiene una mayor tasa de economía sumergida es La Rioja con un 31,4% , seguida de Canarias, Ceuta y Melilla con un 28,7%, 27%, y 26,9% respectivamente. Por el contrario, las autonomías que presentan una menor tasa de bolsa de dinero negro son Baleares y Extremadura con un 19,2% respectivamente. Los datos de Gestha revelan que la comunidad cuya economía sumergida ha aumentado más en los últimos diez años es Cataluña, con un incremento de 8.667 millones de euros y la que menos ha aumentado desde el año 2000 ha sido la Comunidad de Madrid, que ha logrado reducir la bolsa del fraude en 1.492 millones de euros.
Impuestos sin cobrar
Hacienda además tiene cada vez más dificultades para cobrar. El aumento de los impuestos pendientes de cobro pone de manifiesto los aplazamientos y el fraccionamiento de las deudas que legalmente han solicitado los contribuyentes por no poder hacer frente a los pagos fiscales ante la dureza de la crisis, según los técnicos fiscales, que añaden que el desfase entre lo que Hacienda pretende recaudar y lo que efectivamente cobra también se puede explicar por el avance del fraude.
Desde el propio Gobierno se llegó a estimar que la economía sumergida equivale al 20% del PIB. Según la Memoria de la Agencia Tributaria de 2009, las actuaciones en torno al IVA han pasado de ingresar 1.317 millones en 2008 a 1.156,mientras que las de Sociedades han pasado de 337,5 millones a 273,3 millones.
No es de extrañar que el 43% de los españoles justifica el fraude fiscal y basa su opinión en que son las circunstancias las que obligan a defraudar para salir adelante (el 34%) o en que lo normal es evadir los impuestos (el 9%), según el Instituto de Estudios Fiscales (IEF). Así consta en el estudio "Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2009" que elabora cada año el IEF, en el que el 57% de los españoles considera que no se puede justificar el fraude fiscal, por una cuestión de solidaridad y principios.
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