Crisis en la justicia

La justicia en el país está en  crisis. No son únicamente los ciudadanos comunes (80% de la población) quienes han perdido la confianza en el sistema, sino que las  autoridades gubernamentales, incluido el Presidente de la República, reprochan la calidad del trabajo que desarrollan juzgados, fiscalías, comisarías y más dependencias encargadas de velar por el bienestar jurídico de los ecuatorianos.

El Consejo de la Judicatura ha pedido que se declare en emergencia al sector y el Ejecutivo estudia la propuesta, particularmente por el elevado costo (1.000 millones de dólares) que tendría la modernización de esta función del Estado.

Su transformación, sin embargo, es urgente. Los ecuatorianos no podemos seguir a merced de la delincuencia organizada y de los malos administradores de justicia que no se conmueven con el dolor y el sufrimiento de los ciudadanos.

El precio monetario a pagar debe ser analizado cuidadosamente, pero no se puede seguir postergando esta necesidad imperiosa, porque al final el costo de la ineficiencia y de la injusticia será siempre mayor.