Desde hace años, España intenta modificar ese Tratado, sobre todo teniendo en cuenta las aguas de las islas canarias. La posición española de modificación no está aceptada, pero sí admitida a trámite.
El problema concreto canario surge con la cuestión de las 12 millas de competencia exclusiva de los Estados, y en su caso, también de la ampliación a las 200 millas. Pero en Canarias, dada la cercanía de algunas islas entres sí, la distancia es inferior a las 12 millas, por lo que esas ‘aguas interiores’ fueron consideradas aguas internacionales –y no aguas españolas- para facilitar el tráfico marítimo.
España siempre ha pretendido modificar el Tratado, de manera que esas aguas sean consideradas españolas y no internacionales. Y, como decimos, hasta el momento no ha conseguido la modificación.
El nuevo problema que surge es que la denominación de ‘aguas canarias’ es un ‘auténtico disparate’, según fuentes diplomáticas, porque afecta a la credibilidad de España. El cambio de denominación no deja de se algo ‘puramente testimonial’, dado que las Islas Canarias son españolas y, por tanto, sus aguas también. Pero dificultan futuras negociaciones.
Según medios de Coalición Canaria, no hay mayor problema, porque de lo que se trata es simplemente de una denominación y de un reconocimiento de que las ‘aguas interiores’ –las aguas entre islas- son españolas y no internacionales.
Ahora bien, lo que se ha ocultado es que el Gobierno canario tendría determinadas competencias sobre esas aguas: por ejemplo, podría regular el tráfico marítimo e, incluso, impedir el paso de determinados buques con materias peligrosas. Y, desde luego, tendría competencia para autorizar o no cosas como el tendido de cable eléctrico, o telefónico, etcétera entre islas. Es decir, en esas 12 millas tendría la competencia exclusiva sobre las mismas materias que tiene competencia en el caso de tierra.
En ese punto competencial no habría gran problema, pero sí en la ‘credibilidad de España’ a la hora de reclamar internacionalmente el cambio de titularidad de esas aguas. Como admiten medios diplomáticos, el Tratado sobre el Derecho del Mar sólo admite la titularidad de los Estados; es decir, que un Archipiélago-Estado puede contar con esas aguas como propias, pero no es el caso de los archipiélagos que forman parte de un Estado, como son las Islas Canarias, o como son las Islas Azores portuguesas. Aunque la denominación ‘aguas canarias’ es puramente testimonial, sí crea un problema de credibilidad internacional para España, según medios diplomáticos.
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