La Junta envía a las Cortes el proyecto de ley que garantizará el derecho constitucional al acceso a una vivienda digna

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley por el que se va a asegurar a los demandantes la adjudicación de una vivienda protegida en el plazo de un año o, en caso de que no pueda ser así, una ayuda económica por el sobreprecio que suponga el alquiler hasta que se les pueda ofrecer una en propiedad, según ha explicado este miércoles la portavoz, Isabel Rodríguez.

En su comparecencia para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Gobierno, Rodríguez ha destacado que Castilla-La Mancha será la primera comunidad autónoma en contar con una ley de estas características.

Los requisitos para acogerse a la Ley de Garantías en el Acceso a una Vivienda son: llevar inscrito al menos un año en el registro de demandantes; tener cumplidos 22 años y estar empadronado en Castilla-La Mancha desde hace al menos tres años.

Es imprescindible además disponer de una fuente regular de ingresos no superior a 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que son unos 25.000 euros al año; y la obligación de participar en los procesos de adjudicación de viviendas protegidas.

Un año de plazo

La ley fija un plazo máximo de un año desde que una persona se inscriba para ofrecerle una vivienda con protección pública y, si transcurrido ese año no se le ha dado una solución, podrá acudir al mercado libre de alquiler y el Gobierno regional le abonará el exceso de coste derivado de ese alquiler hasta que pueda ofrecerle una vivienda con protección pública.

Con la aprobación de la ley se culminará el conjunto de actuaciones previstas en el Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha que marcó las prioridades de acuerdo con los agentes económicos y sociales, además, se enmarca en el Pacto por Castilla-La Mancha y da cumplimiento a un compromiso del presidente regional, José María Barreda.

La portavoz ha resaltado la actividad realizada por el Gobierno en materia de vivienda; así, ha comentado que desde que se aprobó el Pacto por la Vivienda en 2008 se "ha dado solución" a 30.000 personas demandantes de una casa.

En mayo de 2008 había 58.000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda, cifra que bajó a 40.000 en mayo de 2009; ya en junio de 2010 eran 36.000 los demandantes y, en la actualidad, esta cifra asciende a 29.720.