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Ciempozuelos y Tres Cantos penalizan a los presuntos corruptos

Los casos de corrupción urbanística sólo perjudican a dos candidatos imputados

lunes 28 de mayo de 2007, 11:47h
Sólo en dos de los seis municipios madrileños a cuyos concejales o alcaldes se les ha imputado por delitos relacionados con la corrupción, el partido o el candidato involucrados en el escándalo se ha visto perjudicado electoralmente.
En Ciempozuelos, el PSOE, partido en el que militaba el alcalde acusado de cohecho y blanqueo de capitales, Pedro Torrejón, perdió dos concejales con respecto a las elecciones de 2003, en favor del PP, mientras que el propio Torrejón, expulsado de su anterior partido, obtuvo dos ediles con su nueva formación: Ciudadanos por Ciempozuelos.

Otro de los perjudicados por la vinculación con presuntos casos de corrupción ha sido el partido Tres Cantos Unido, que ha perdido toda representación en este municipio del norte de Madrid tras la expulsión del partido de su líder y alcaldesa en coalición con el PP, María de la Poza, imputada por un delito contra la ordenación del territorio.

José Luis Tello, alcalde de Aldea del Fresno, revalidó su cargo al frente de la formación ALDAF, que él mismo fundó tras ser expulsado del PSOE por su presunta vinculación con escándalos urbanísticos.

En Quijorna, la actual alcaldesa y candidata por el PP a la reelección, Mercedes García, obtuvo mayoría absoluta a pesar de las acusaciones de usurpación de funciones y tráfico de influencias cuando gobernaba esta localidad del sureste de Madrid en coalición con el PSOE, cuyo lista, encabezada por Juan José Cerrato, perdió un edil con relación a los anteriores comicios.

El actual alcalde de Villanueva de la Cañada y candidato a revalidar el cargo, Luis Partida (PP), a cuya esposa acusó el PSOE de "cobrar cheques que han salido fotografiados", logró la mayoría absoluta con 13 concejales de 17 en juego.

En San Lorenzo del Escorial, el actual alcalde y candidato del PP, José Luis Fernández Quejo, reeditó su mayoría absoluta a pesar de las denuncias del PSOE, que aseguró que el municipio adjudicó la redacción del avance del PGOU a Plarquin, empresa relacionada con familiares del ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, a cambio de conseguir que Fernández evitara una condena por corrupción.
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