Desde el complejo residencial San José del Ávila, uno de los proyectos ocupados temporalmente, Canán declaró este lunes que la medida anunciada este domingo por el presidente Hugo Chávez obedece a denuncias reiteradas de irregularidades que pretendían cometer las compañías inmobiliarias, entre ellas el cobro ilegal del índice de precios al consumidor (IPC), con incrementos de hasta 300% sobre el monto inicialmente pautado.
Los seis urbanismos expropiados son: Lomas de La Hacienda, El Encantado, Parque Residencial Mata Linda, El Fortín, Conjunto Residencial Antonio y El Encantado Humboldt. Están ubicados en Caracas, Miranda y Carabobo.
Los ocho en los que están ocupadas temporalmente las obras y las inmobiliarias son: Los Pinos, Ave María, Monte Mayor, Miravilla, Terrazas de Guacoco, Plaza Jardín, San José del Ávila y Thai.
En estos, explicó Canán, las constructoras no entregaban los apartamentos aunque ya estaban terminados, porque pretendían cobrar montos superiores a los establecidos en los contratos. “Estamos haciendo justicia”, resaltó.
El Ministro puntualizó que estos urbanismos ya tienen a sus propietarios. “No hay disponibilidad para personas nuevas”, acotó en declaraciones transmitidas por el canal del Estado.
Señaló que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), el Ministerio de Vivienda y los comités de usuarios de cada urbanismo identificarán a los propietarios para entregarles los apartamentos que estén listos.
Con respecto a las familias que hicieron pagos adicionales, se hará la revisión correspondiente y las empresas estarán obligadas a restituir el dinero.
Añadió que el Estado aplicará sanciones administrativas contra las inmobiliarias, con multas de hasta 5.000 unidades tributarias por apartamento.
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