Censura y autocensura

Uno de los elementos que permiten el buen funcionamiento de las instituciones de la democracia es la existencia de fuentes de información, libres y plurales. A través de recursos informativos, libres y plurales, los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder a todo tipo de conocimiento sobre el desempeño gubernamental y características de la sociedad. Sobre la base de dicha información, generada y transmitida desde distintos puntos de la sociedad, la ciudadanía forma opiniones y juicios sobre diversos aspectos del Estado. Con información, que en última instancia se traduce en conocimiento, el ciudadano (la persona individual o colectiva a quien el Estado le reconoce derechos políticos, como el elegir o fiscalizar las decisiones que toman sus autoridades y que afectan a todo el colectivo social) puede ejercer cierto control sobre el Estado y los gobernantes. La opinión pública, por tanto, se convierte en un recurso intangible para colocar límites al poder y ejercer un control difuso sobre los gobernantes.

Quienes adquieren poder (personas u organizaciones políticas) por medios democráticos (elecciones), a pesar de dicho origen, suelen desarrollar con el tiempo tendencias hacia el autoritarismo. Esto es, imponer decisiones desde el poder a distintos sectores de la sociedad, reduciendo al mínimo toda posibilidad de crítica o resistencia ciudadana a dichas decisiones gubernamentales. Para el logro de este objetivo, los gobernantes autoritarios suelen restringir la existencia de fuentes plurales y diversas de información. Pero cuando estos medios informativos preexisten y tienen un lugar ganado en la sociedad, el Estado busca desarrollar sus propias fuentes de información. También generan información propia y construyen corrientes de opinión favorables a las acciones gubernamentales, a esto último se denomina propaganda.

En sistemas políticos de origen democrático, con tendencias autoritarias, como el caso boliviano, además de crear y fortalecer fuentes propias de información, el mecanismo ideal para limitar la crítica pública y evitar el control ciudadano es elaborar y aprobar normas que judicialicen y sancionen a la opinión ciudadana, incluida la información periodística. La judicialización es la amenaza o la acción efectiva de llevar a estrados judiciales a quienes emitan opiniones controversiales. Ésta es la explicación de por qué la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba una ley contra la discriminación que incluye regulaciones, restricciones y sanciones tanto a los periodistas como a los medios de comunicación.

El efecto inmediato de las normas de carácter autoritario, las cuales restringen las posibilidades de la crítica, la investigación periodística, la difusión libre de ideas y opiniones sobre diversos aspectos del Estado y la sociedad, es el temor a la sanción que generan dichas leyes y la aplicación de las normas en estrados judiciales. Ante el temor instalado en el individuo, el paso siguiente es el surgimiento de la autocensura.

En la censura previa e individualizada radica el éxito de las normas restrictivas de la opinión pública. Por tanto, la eficacia de una norma que produce autocensura no está en llenar las cárceles o los estrados judiciales de demandas sobre el mal uso de la libertad de expresión, sino en el temor instalado en los ciudadanos para opinar y criticar a las autoridades electas.

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Politólogo y catedrático