A pedido de Clarín y La Nación nuevo ataque de la SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa volvió a la carga. Esta vez la escena se montó en Mérida, México. Los propietarios de los grandes medios de información de la región insisten en que no hay libertad de expresión en la Argentina por obra y arte del actual gobierno. Ante ello es importante recordar algunas cuestiones que no por repetidas son menos necesarias para entender el motivo de estas difamaciones.

La SIP es una asociación de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América. Fundada a mediados de la década del 40, representa los designios de los grandes grupos propietarios de los medios informativos y está fuertemente relacionada con los partidos políticos de derecha del hemisferio.

Sus posiciones, contrarias a los gobiernos populares, responden a los intereses de las empresas que la componen, que ya no están restringidas al periodismo sino diversificadas en múltiples quehaceres de la actividad económica: desde los agronegocios en la Argentina hasta la venta de armas en Centroamérica.

Por ello, no sorprende que los países elegidos para lanzar sus dardos sean, además del nuestro, Bolivia, Ecuador y Venezuela, cuyos procesos políticos le ponen límites a la voracidad de las corporaciones.

La SIP, aunque los medios hegemónicos intenten disimularlo, es una corporación sectorial. Sin embargo, se la presenta como si fuera un organismo supranacional como ONU, OEA o UNESCO o supraconstitucional, al estilo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está por encima de cualquier interés individual o de sector alguno.

En 1978, la SIP efectuó una investigación en nuestro país, y los periodistas estadounidenses que integraban esa delegación, Edward Seaton e Ignacio Lozano, concluyeron que la gran mayoría de la prensa silenciaba los crímenes dictatoriales. Reunieron información y realizaron numerosas entrevistas a directores y editores de diarios. En su trabajo, destacaron que la mayor parte de la prensa de la Argentina aceptaba las reglas de la censura impuestas directa o indirectamente por el gobierno militar.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre hoy con sus declaraciones ocupando la tapa de los multimedios, nada dijeron Clarín y La Nación de aquel informe. Hecho que evidencia que su intencionalidad es erosionar al Gobierno Nacional, a quien identifican como un límite para sus negocios.

Es recurrente y anacrónico el argumento de la supuesta falta de libertad de prensa, eufemismo detrás del cual esconden su intención de libertad de sus empresas para decir todo aquello que les permita manipular la opinión pública en función de intereses económicos y políticos. Cuestión que han hecho y hacen cotidianamente sin el más mínimo obstáculo.

En Argentina los periodistas gozan de la más absoluta libertad para expresarse. En todo caso, si existiese algún límite estará ligado a alguna decisión editorial. Algunos lo hacen por grandes medios y tienen un nivel de penetración mucho mayor. Sin embargo, el conjunto de los habitantes no tienen garantizadas las mismas posibilidades de llegada que disponen, por ejemplo, los periodistas de TN o el diario Clarín. Y no las tendrán en la medida que continúe concentrada en pocas manos la propiedad de los grandes medios.

En esa línea resulta fundamental que, al calor de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se modifique el mapa mediático nacional para que existan pluralidad y diversidad en los mensajes que se emiten. Para que la libertad de expresión sea para todos sin ningún tipo de exclusiones y que además el acceso a fuentes múltiples de información resulte posible.

Claro, nada dice ni dirá la SIP sobre la manipulación, tergiversación y censura de los medios grandes. Y mucho menos sobre el rol de los monopolios que han sido históricos responsables de las carencias en materia de libertad de expresión y el derecho a la información.

Ya lo anunciaba en tiempos de creación de la SIP Arturo Jauretche: “mientras los totalitarios reprimen toda información y toda manifestación de la conciencia popular, los cabecillas de la
plutocracia impiden, por el manejo organizado de los medios de formación de las ideas, que los pueblos tengan conciencia de sus
propios problemas y los resuelvan en función de sus verdaderos
intereses.

Por eso, para quienes aspiramos a una profunda democratización de la información, la nueva afrenta de la SIP no nos sorprende, sino que nos convoca a redoblar el esfuerzo por ganar la batalla de la comunicación. Y con ella, la realización de nuestro Pueblo.

Sergio Fernández Novoa
Presidente del Consejo Mundial de Agencias de Noticias y Vicepresidente de Télam