Hace algunas noches escuchábamos en un programa televisivo de señal cerrada, la participación de un especialista en temas de narcotráfico, quién reseñaba con precisión las cosas terribles que se vienen dando en la persecución de este delito por parte de las entidades encargadas de ello.
Dijo, entre otras cosas, que a escasos metros de la base antidrogas de la policía en Palmapampa, un grifo se encargaba de la venta de kerosene a todos los productores de cocaína del VRAE, a un precio de cincuenta soles el galón (precio exagerado en razón a la prohibición de su comercialización en zonas dedicadas al cultivo de coca y a la producción de cocaína).
Obviamente, si el especialista constató este hecho, es de suponer que la Policía sabe de este ilegal comercio lo que haría suponer que se estarían “comprando indulgencias”, por decirlo de algún modo. Refirió también, que a vista y concesión de la comisaría de San Francisco, puerta de ingreso al VRAE, ingresan los insumos para producir cocaína. Otro grave aspecto recordado, está referido a la renuencia en controlar la importación y comercialización de los insumos que se desvían posteriormente hacia las zonas productoras de coca y de cocaína, lo que haría pensar que los “lobbys” están perfectamente funcionando para evitar el control y reducción de importaciones de todos los insumos químicos utilizados en la producción de drogas ilegales.
No se trata entonces de software (que existe) para el control debido, ni la demora en adquisición de las tan demandadas garitas móviles; de lo que se trata es de la absoluta falta de voluntad política para combatir este delito, que llevará finalmente al país a convertirse en una réplica mexicana con todas las condiciones de un “narcoestado”.
Si en los casi cuatro años y medio de la actual administración, no se ha tenido una acción coherente en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, no podemos esperar que en los escasos meses que le restan, puedan o quieran hacer algo. a juzgar por las constataciones del especialista, la participación de las Fuerzas Armadas en estas zonas “cocaleras”, no han tenido efecto alguno en la disminución de la ilícita actividad y por el contrario, vienen provocando lo que ya sucedió en la infausta gestión fujimorista, que la participación de estos institutos, lo único que provocó fue que el narcotráfico los pervierta y que las bases se constituyan en lugares de “recaudación ilegal”.
La lamentable perfomance del año 2009, que llevó a incautar tan sólo 490 toneladas de insumos químicos, de un total aproximado de 35000 toneladas, nos presentan objetivamente la poca o ninguna voluntad para perseguir este delito, y la nula voluntad en corregir la evidente corrupción de los órganos encargados de su persecución.
En la conferencia anual de ejecutivos, a llevarse a cabo en los próximos días con la participación de los visibles candidatos a la Presidencia de la República en el proceso del año próximo, debería obtenerse como razón primordial de la nueva administración, la lucha frontal contra este delito que amenaza la estabilidad del Estado y que obviamente pasa por reconocer la enfermedad en las instituciones comprometidas en su persecución, teniendo en cuenta que hasta el momento todo el esfuerzo ha sido orientado a firmar “pactos éticos”, que no han tenido efecto alguno, pues en las últimas elecciones regionales y municipales, en varias jurisdicciones “cocaleras”, se han hecho con las alcaldías, personas claramente vinculadas a la producción ilegal de coca y a la producción ilegal de cocaína.
Tenemos que decir finalmente con desesperanza, que el actual régimen, en lo que le queda, no promoverá base alguna de lucha real contra el tráfico ilícito de drogas.
Si (
No(
