La Junta, agencia de colocación

Cuando la mayoría de las empresas privadas están llevando a cabo planes de reconversión, cuando la crisis está obligando al recorte de puestos de trabajo y al ajuste de plantillas, aquí los únicos que no se privan de nada son las administraciones públicas. Andalucía cuenta con 489.671 funcionarios, de los cuales 254.094 están al servicio de la comunidad autónoma, mientras que otros 128.444 trabajan en los distintos entes locales, como ayuntamientos o diputaciones provinciales, y otros 88.122 pertenecen a la Administración General del Estado. Teniendo en cuenta que  en Andalucía el número total de trabajadores se cifra en algo más de tres millones y medio de personas, de los cuales cerca de novecientos mil están oficialmente en paro, la primera conclusión que uno saca es que de los actuales empleados (algo más de dos millones y medio), uno de cada cinco trabaja como funcionario. Hasta ahí, todo medianamente claro.

Pues bien, la Junta de Andalucía, pese a la crisis y a los recortes, parece decidida a aumentar el número de funcionarios "a dedo" colocando a otros veinte mil de confianza a través de un decreto de reordenación del sector público "de extraordinario y urgente necesidad" que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno con la connivencia de CC.OO. y UGT y con el masivo rechazo de los sindicatos mayoritarios en la Administración andaluza, CSIF (22,27%), SAJFA (22,73% y USTEA (19,55%). Y es que Griñán llamadme Pepe pone un circo y le crecen los enanos. La función pública andaluza, que había sido una balsa de aceite hasta ahora, se ha puesto en pie de guerra y no hay día que no le monten un pollo al presidente o a cualquiera de sus consejeros. Incluso una masiva manifestación convocada hace escasos días, el pasado 6 de noviembre, concentró en las puertas del Parlamento andaluz entre 30.000 y 5.000 funcionarios llegados de todos los rincones de la Comunidad que recorrieron las calles de Sevilla protestando ruidosamente por el decreto.

Como siempre, la Junta trata de quitarse de enmedio cualquier responsabilidad y culpa al PP de las protestas. Javier Arenas dice que con este decreto el PSOE quiere perpetuar el enchufismo y teme que los socialistas quieran manejar desde dentro la Administración autonómica aunque las urnas puedan cambiar el color del Gobierno en las próximas elecciones andaluzas del 2012. No le falta razón. Sólo hay que observar la histeria que le ha entrado a ciertos dirigentes sindicales "amigos", como el número dos de UGT Andalucía, Dionisio Valverde, que ha amenzado con lanzar a la calle a tres mil sindicalistas de UGT para que "se coman con sopas a los funcionarios que protestan". Como ven, mucho hablar de diálogo y paz social, pero en todas partes cuacen habas y, tal y como está el patio, aquí todo Dios se busca lo mejor que puede su futuro. Como cantaba el añorado Carlos Cano, "colócanos, colócanos, ay, por tu madre, colócanos".