Villanueva culpa al Gobierno de la paralización de la minería

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ha achacado la paralización que sufre en estos momentos el sector de la minería de carbón a la decisión "errónea" del Gobierno cuando suspendió el incentivo a la compra del carbón autóctono y ha vuelto a recordar al Ejecutivo de José Luis Rodríguez que, si quiere, puede dictar una resolución en favor del sector sin tener que esperar al pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo.

Preguntado por las nuevas movilizaciones convocadas por los mineros por el retraso en la firma del decreto, el vicepresidente de asuntos económicos en el Gobierno de Castilla y León ha expresado su "comprensión y respeto" a la situación de unos trabajadores y unas empresas que están paralizados con casos de suspensión de las relaciones laborales e, incluso, de extinción.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de la nación dicte la resolución administrativa en favor del sector de la minería del carbón, informa ep.

El consejero de Economía y Empleo, que ha expresado el total apoyo del Gobierno de Castilla y León al Real Decreto del Ejecutivo central en favor de este sector así como su colaboración "leal, seria y rigurosa", ha defendido también su derecho a opinar sobre este asunto, máxime cuando ve cómo unas empresas llevan sin facturar desde febrero de 2010.

Por todo ello, Villanueva ha reiterado sus críticas al Gobierno de la nación al que ha acusado de haber causado el actual problema al suprimir una ayuda para la que ha tenido que pedir ahora una autorización de Bruselas.

Costes sociales de los centros especiales de empleo

Por otra parte, Castilla y León asumirá un sobrecoste de entre 5 y 6 millones de euros este año para ampliar al 75 por ciento la financiación de los costes sociales de los centros especiales de empleo, que en la Comunidad Autónoma ascienden a 171 y ocupan a más de 3.500 trabajadores con alguna discapacidad.

Villanueva, que ha presidido este viernes la reunión del Consejo de Economía Social, integrado por las sociedades anónimas laborales, las cooperativas y los centros especiales de empleo, ha informado de la decisión de la Junta de ampliar del 50 al 75 por ciento la financiación de los costes sociales de esos centros especiales de empleo, como contempla la regulación nacional.